En El Salvador, como en la mayoría de países de Latinoamérica, la cantidad de personas que laboran en el sector público es significativa. Son casi doscientos mil empleados públicos cuya remuneración salarial representa el treinta y cinco por ciento del presupuesto general. Esto es el equivalente a casi el seis por ciento del producto interno bruto del país. Con estos números, es claro identificar al Estado como el mayor empleador de la República y, por obvias razones, resulta fundamental para el país realizar un esfuerzo que tenga como finalidad hacer más eficiente y profesional este sector.
Al comparar la calidad del servicio de una empresa privada con la del sector público, es innegable que el servicio que brinda la empresa privada es superior. Esto tiene razones no sólo culturales e históricas, sino también se basa, principalmente, en la falta de una política macro y estándar que busque hacer eficiente, moderna y transparente las normas, procedimientos y estructura de la administración pública.
Afortunadamente para llevar a cabo de una forma efectiva este reto existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa denominado la “Ley de la Función Pública”, que puede convertirse en la herramienta para este fin.
Entre las grandes apuestas de la referida ley —que contempla una Autoridad Rectora, un Tribunal Disciplinario y un Instituto Nacional de Formación Pública—, está el transformar el clásico enfoque centralizado, burocrático, con prácticas de clientelismo político y además, con una visión hacia adentro; en un enfoque descentralizado, más eficiente, con meritocracia y con una visión hacia afuera: hacia el ciudadano, que es la razón de ser del aparato gubernamental. La satisfacción del ciudadano a través de resultados debe de ser el enfoque de la nueva gestión pública. Pero esto no siempre es así, aun cuando la función pública, en buen salvadoreño, es la gestión realizada por funcionarios públicos, con recursos públicos para brindar soluciones públicas.
La falta de sistemas modernos de gestión nos muestra casos como el de CEPA, donde ha desfilado similar cantidad de funcionarios que directores técnicos en la selección nacional de fútbol durante los últimos 20 años. Los resultados, en ambos casos, son obvios. En el primer caso, la modernización rezagada y truncada de un aeropuerto a nivel regional y un puerto abandonado que le representa una erogación de millones de dólares anuales al Estado. Y por otra parte, en el segundo caso, lo mismo de siempre: amargas derrotas y procesos frustrados que impiden pensar en el mediano plazo y que tienen a la azul y blanco en un lugar que no merece la noble afición.
Es así que parte del desarrollo de nuestro país vendrá dado por políticas públicas de calidad que sean acompañadas con servidores públicos capaces, probos, técnicos y sin compromisos partidarios dentro del aparato gubernamental. Lo primero definitivamente no se tiene ya que el gobierno actual anda perdido y sin rumbo. Pero lo segundo debería de ser una apuesta de largo plazo para que cualquier gobierno de cualquier ideología cuente con el recurso humano necesario. De nada sirve un plan de gobierno si no se cuenta con la plataforma humana que soporte la ejecución del mismo. Para esto y para cuando tengamos un gobierno visionario, capaz y que rinda cuentas a la población se necesita la discusión y aprobación de la ley. Y sobre todo, la voluntad política de implementarla. Ojalá que así sea.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
@jrmirandasv