El mal desempeño gubernamental, las consecuentes crisis en sectores clave y las burdas estrategias mediáticas para tratar de engañar a la ciudadanía, mentir y justificar errores y negligencias, ha alimentado la potencia, variedad y cantidad de presiones orientadas a obligar al oficialismo a que aborde los temas de forma adecuada. Hasta el momento, sin embargo, el gobierno parece inmune a los llamados de atención de diferentes sectores ciudadanos. Sus prioridades parecen inamovibles y los intereses que las imponen, invencibles.
La falta de voluntad de migrar a lineamientos de trabajo más acertados nutre, además de este descontento social, situaciones que tienen el potencial de llevar las crisis a otro nivel aún más peligroso. En el campo de la seguridad pública, identifico dos que me parecen, por el momento, las más sensibles.
La primera tiene que ver con el descontento al interior de la policía. La indignación del personal operativo es cada vez más evidente. No he escuchado, excluyendo a los policías que tienen un vínculo orgánico con el oficialismo o son cercanos a los que lo tienen, a un solo policía que hable bien de la cúpula de mando policial o de cualquier otro funcionario de alto nivel del aparato de seguridad. Todos, con diferentes intensidades y enfoques, tienen quejas, señalamientos, revelaciones negativas y acusaciones que lanzar en contra de los principales mandos superiores y burócratas del ramo.
Este es el resultado lógico de iniciativas, estrategias y lineamientos de trabajo desatinados. Es de esperarse que, después de más de 100 homicidios en contra de policías a raíz de la negociación iniciada por el Gobierno de Mauricio Funes con los cabecillas pandilleros, hubiese un impacto negativo sobre el personal policial. Similarmente, investigar y sancionar a policías por usar sus teléfonos celulares tuvo un efecto adverso, especialmente cuando los policías sufren tanto déficit en sus lugares de trabajo y han experimentado un abandono intencional por años. El descarado abuso de recursos institucionales por parte de los jefes policiales del oficialismo, que se asignan, en algunos casos, flotillas enteras de vehículos para su uso particular, mientras los investigadores tienen que compartir carro y hacer ruta para poder desarrollar sus investigaciones, también ha contribuido a ese descontento.
Cada vez con más fuerza se escucha en círculos de seguridad e inteligencia la gestación de medidas de presión impulsadas por policías. Esto tendría un impacto grave en El Salvador, ya que crearía condiciones y espacios que serían aprovechados por estructuras criminales, agudizando así la situación al debilitar la ya endeble condición del aparato de seguridad. Aunque existe una restricción legal que prohíbe a policías y militares de manifestarse, existen antecedentes en otros países, como Brasil, a finales de los Noventa, y Paraguay hace algunos meses, en los que este obstáculo jurídico se ha superado mediante la organización y manifestación masiva de los familiares de policías y personal castrense. Por lo que no es remoto que en El Salvador, el descontento en las filas policiales y militares lleve a buscar salidas igual de creativas, con efectos similarmente nocivos.
La otra situación sensible, que analizaré con más profundidad en otro artículo, es la victimización dirigida en contra de excombatientes del FMLN. Este es un patrón que se tiene que examinar con mucho cuidado, ya que, de continuar, puede desatar una cadena de reacciones que profundicen y compliquen aún más la crisis en seguridad.
Estos temas tienen que ser advertidos y abordados de forma adecuada por las autoridades correspondientes. Un mal manejo llevaría a empeorar la grave situación que experimentamos.
*Criminólogo.
@cponce_sv