La lucha contra la corrupción es incompatible con los fanatismos partidarios o las devociones a caudillos. Si en verdad queremos hacer respetar nuestro legítimo derecho a denunciar a los corruptos, nuestra primera responsabilidad es censurar toda corrupción, esté donde esté, caiga quien caiga. Hacer un traslado de las fronteras ideológicas al mapa del compromiso ciudadano con la transparencia solo hará que la nobleza de este esfuerzo se convierta en una excusa más para los enfrentamientos inútiles.
Aunque no se trate precisamente de una virtud, la vecina Guatemala tiene una peculiaridad que hoy le ha servido para unir a los ciudadanos contra la corrupción, y es la volatilidad de sus partidos políticos. Allá se crean novedades electorales que sirven de plataforma a las figuras de turno, pero que apenas sobreviven a los periodos presidenciales para los que fueron concebidas. Tan ínfima vigencia política vuelve imposible el arraigo fervoroso de los votantes a estas agrupaciones o a sus líderes. Y luego, con el desgaste natural que produce el poder, los caudillismos tienden a perder credibilidad y a quedarse huérfanos de apoyos masivos.
La lealtad ciega necesita tiempo para incubarse. Otto Pérez Molina jamás tuvo la oportunidad de reunir en torno a sí a las huestes exaltadas que corrieran a “proteger” su gobierno. El descontento provocado por la inmoralidad que lo rodeaba llegó antes que cualquier empeño en fidelizar a sus electores. Eso, y la confianza ciudadana en las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI), hicieron que Pérez Molina se bajara de la silla presidencial a pocos días de terminar su mandato.
Únicamente en este sentido es que tienen razón quienes opinan que la experiencia guatemalteca no es transferible a El Salvador. En nuestro tensionado país, el arraigo de las dos principales fuerzas políticas se ha convertido en ceguera, intransigencia y extremismo para muchos de sus militantes. Eso nos vacuna contra cierto aventurerismo, pero nos condena a niveles muy peligrosos de apasionamiento faccioso, condición que explica por qué en el FMLN y ARENA abundan quienes solo denuncian la corrupción que ven crecer del otro lado de la cerca, olvidándose por completo de la putrefacción que se les ha amontonado bajo sus propios pies.
Así, por supuesto, es imposible la unidad nacional, y sin unidad nacional se complica la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas, exigibles a todos los funcionarios públicos. Los corruptos necesitan de partidos con militancias fanáticas que sostengan el ambiente de acusaciones mutuas en que nos hallamos enfrascados desde hace años, pues semejante ruido apaga las voces independientes.
¿Cómo contrarrestar este sistema del que se beneficiaron tantas figuras de ARENA en el pasado y ahora se benefician conspicuos miembros del partido oficial? Aparte de la perseverancia de los ciudadanos honrados –ojalá cada vez más numerosos y comprometidos–, lo que se impone es la instalación de una CICI en El Salvador. La razón principal es que podría ser ya la única vía por la cual cierta cantidad de fervorosos se convenzan de que sus partidos no han sido dirigidos por ángeles inmaculados, sino tal vez por inescrupulosos a quienes el discurso ideológico les ha servido para enriquecerse a costillas de las necesidades urgentes del país.
¡Y a este tipo de desengaño sí le tienen pavor los políticos rancios! La corrupción comprobada por un mecanismo de investigación independiente hace que hasta los militantes más cerriles se queden sin argumentos para defender a sus líderes, y esto provoca crisis saludables y acelera cambios al interior de los partidos, lo que a su vez redunda en mayores oportunidades de democratización.
Fanáticos y extremistas van a existir siempre. A ellos no los convencería ni San Miguel bajando del cielo a señalar con su espada flamígera a los deshonestos. Pero una cruzada coherente y amplia contra la corrupción permitiría que los exaltados quedaran en vergonzosa minoría.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.