Guatemala nos sigue sorprendiendo. En las recientes elecciones presidenciales la participación de los votantes sobrepasó el 70 % de los habilitados para ejercer el sufragio. Tratándose de un evento que tuvo como antesala el procesamiento judicial del presidente y de la vicepresidenta de la República, y teniendo en cuenta que la asistencia registrada en los comicios anteriores fue de aproximadamente el 48 %, podría haberse especulado sobre un gigantesco desinterés de los ciudadanos por presentarse a las urnas.
De hecho varios de los movimientos que salieron a las calles exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina pedían suspender las elecciones. La realidad nos mostró un escenario muy diferente. Los guatemaltecos acudieron masivamente a ejercer su derecho y, además, votaron mayoritariamente por el candidato que menos relación ha tenido con la política tradicional de esa nación. Los otros presidenciables, Sandra Torres y Manuel Baldizón, continúan en una apretada competencia por el segundo lugar, conscientes que esa es la condición para disputar la presidencia en la segunda vuelta y además que ambos arrastran una pesada “valija” con antecedentes políticos que pueden afectar sus aspiraciones. Ciertamente es imposible ignorar los miles de votos en blanco y nulos que se posicionaron por encima del número de sufragios conseguidos por nueve de los catorce partidos que compitieron.
Entre una y otra elección, la de 2011 y la de 2015, ocurrieron dos hechos significativos. Uno ha sido recurrente desde 1990. Se trata de la existencia de un número excesivo de partidos que refleja la enorme fragmentación que padece el sistema. En 2011, Guatemala contaba con 28 institutos políticos; cuatro años antes, en 2007 eran 21; mientras tanto en 2003 y en 1999, la cantidad de organizaciones políticas fue de 22 y 16, respectivamente. En el resto de la década de los noventa la historia no era diferente: en 1995 la autoridad electoral reportaba 29 partidos inscritos y en 1990 fueron 18. En la mayoría de los casos se trató de nuevos partidos.
Esa realidad ha perjudicado el funcionamiento del sistema político en Guatemala. Sin organizaciones de este tipo la conducción del gobierno responde a comportamientos personalistas que, en la mayoría de ocasiones, desemboca en decisiones populistas, o peor aún, acaba asociada con el crimen organizado o lidera complejas estructuras de corrupción. En otras palabras termina predominando la persona por encima del partido.
Cuando quien accede al poder lo hace a través de un vehículo partidario cuya estabilidad, elección tras elección, ha sido fortalecida por el amparo popular, se tiene la garantía, aunque no siempre de manera plena, que el funcionario actuará aplicando los principios que inspiran el ideario de la fuerza política a la que pertenece. El péndulo oscila entonces entre más mercado o más Estado, un menor o mayor apoyo a posturas conservadoras unidas a temas como el aborto y el matrimonio, más o menos impuestos, entre otros aspectos, que si bien no dejan de causar trastornos, evitan modificar aquellos acuerdos mínimos que han permitido a muchas sociedades avanzar hacia el desarrollo. Chile es un buen ejemplo en el caso latinoamericano, no obstante las complicaciones en áreas como la del acceso a la educación superior, que en todo caso no trastocan las bases del sistema económico ni la estabilidad institucional.
El otro hecho político relevante, este sí novedoso y determinante, fue el de las protestas ciudadanas. El involucramiento, primero del secretario privado de la vicepresidenta, luego el de ella misma y finalmente el del presidente en graves actos de corrupción, terminaron de incubar un sentimiento de frustración social que venía acumulándose desde hace décadas. Aquel fraccionamiento del sistema de partidos que ya explicamos con la consecuente desvinculación de los guatemaltecos de cualquier ideología y, por tanto, la débil o nula relación con los diferentes institutos políticos, estimuló, en este caso de manera positiva, una acción espontánea de los ciudadanos y facilitó la identificación de un tema en común: la lucha contra la impunidad. A este ingrediente debe agregársele la existencia de la CICIG y el respaldo decidido de Estados Unidos y de sectores influyentes de la vida nacional.
Guatemala arroja lecciones de dos tipos. Es un referente para aquellas sociedades pasivas que “dejan hacer y dejan pasar” permitiendo que las redes de corrupción se incrusten en las entidades públicas y que quienes las encabezan sean personas sin principios ni valores. Cuando la reacción asoma, “el cáncer ha hecho metástasis” debilitando a las instituciones hasta la muerte. También nos demuestra el vecino centroamericano que los partidos importan y que cuanto más hagan estos por democratizarse y transparentar sus cuentas menos posibilidades habrá que los protagonistas sean individuos que, justificando su “neutralidad política”, terminen llevando al país a un abismo sin retorno.
*Columnista de El Diario de Hoy.