Las recientes protestas realizadas por la sociedad civil guatemalteca, en las cuales se ha brindado un firme apoyo a la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad creada en ese país (CICIG), han levantado debates sobre la necesidad de implementar un organismo internacional de este tipo en el resto de países pertenecientes al Triángulo Norte (Honduras y El Salvador). En Guatemala, dicha comisión impulsó la captura del presidente Pérez Molina, la vicepresidenta Baldetti y varios miembros del gabinete de gobierno, bajo serios señalamientos de corrupción.
La CICIG es una entidad creada a partir de un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala con la finalidad de apoyar a las instituciones del Estado en la investigación y persecución penal de delitos cometidos por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. Dichos cuerpos paramilitares eran los encargados de la represión a la sociedad civil, los cuales no desaparecieron después del conflicto armado sino que se transformaron e infiltraron en el sistema estatal para garantizarse impunidad. En su desarrollo, las investigaciones de la CICIG evidenciaron que la impunidad en delitos contra derechos fundamentales se mantiene gracias a la corrupción enraizada en las instituciones clave.
Muchas voces en El Salvador se han levantado a manifestar su apoyo a la creación de una CICI; mientras que otros han expresado su rechazo, argumentando la inconveniencia de la creación de este organismo, alegando que los factores que dieron lugar a su establecimiento en Guatemala son distintos a la realidad salvadoreña; que sería inconstitucional al ceder soberanía; o que aquí las instituciones del sector justicia sí funcionan. Sin embargo, estas afirmaciones no son del todo ciertas. El Comisionado que dirigió hasta 2010 la CICIG, el fiscal español Carlos Castresana, relató en su dictamen pericial del caso “Gudiel Álvarez y otros vs. Guatemala” (sentenciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que el origen de los problemas de los vecinos centroamericanos yace desde la firma de los Acuerdos de Paz. A partir de esa época existió una especie de “armisticio” pero no un compromiso de abordar las causas y consecuencias del conflicto, mucho menos de brindar justicia a las víctimas, lo cual dio origen a una “extendida impunidad”. Atribuyó la impunidad a causas como: delincuencia común, ligada a la pobreza y subdesarrollo; violencia a través de las maras (fenómeno compartido con Honduras y El Salvador) y el alto índice de homicidios; débiles políticas de seguridad y el desbordamiento del sistema penitenciario; deficiente funcionamiento de las instituciones públicas del sector justicia; corrupción inherente a procesos de selección de cargos públicos, entre otras. Al contraponer estos factores con la realidad de nuestro país, pareciera que Guatemala y El Salvador, después de todo, no son tan distintos.
En relación a la soberanía salvadoreña, es oportuno recordar que la labor de una CICI se realiza bajo la figura de la cooperación a las instituciones encargadas de la investigaciones de delitos; dado que los procesos deben iniciarse ante instancias judiciales nacionales, la soberanía del Estado se mantiene en la medida en que se respete la labor de los órganos fundamentales. En El Salvador, las actuaciones de una CICI en relación al ejercicio de la acción penal no contrarían lo previsto en la Constitución o las leyes; la Sala de lo Constitucional (inconstitucionalidad 5-2001, del 23-XII-2010) ha establecido que el ejercicio de la acción penal pública no es un monopolio ni competencia exclusiva del Fiscal General, ya que entenderlo así implicaría un desconocimiento o anulación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de delitos ante la inactividad de las instituciones competentes.
Día a día, gracias al reconocimiento y puesta en práctica del derecho de acceso a la información pública, los salvadoreños conocemos de casos en los que se muestran indicios de enriquecimiento ilícito y corrupción en las instituciones del Estado; sin embargo, muy pocas veces esto lleva a una investigación formal, por lo que se vuelve imperativo poner en marcha todos los mecanismos de investigación para judicializar las causas que sean necesarias. Cualquier esfuerzo que ayude a sacar adelante el sistema debería ser visto con buenos ojos y apoyado tanto por el Gobierno como por la oposición, impulsando la investigación de cualquier indicio de corrupción desde antes del presidente Duarte.
*Colaboradora de El Diario de Hoy.