Cada año el clima presenta cambios más adversos, por lo cual es predecible que la complejidad de las interrelaciones entre los cambios ambientales y la producción agrícola, sin lugar a dudas, se convertirá, más temprano que tarde, en uno de los temas de política pública más significativos. El cambio climático global y regional modificará la capacidad de producción agrícola.
El impacto humano que tendrán las sequías y las crisis cada vez más recurrentes de producción de granos básicos en la región, se pinta como la antesala de una masiva migración hacia el norte de muchos que no encuentran otras opciones.
El sector agropecuario enfrenta desafíos, como mayores costos de producción e incertidumbre en la oferta laboral rural. Uno de los problemas de la oferta laboral en el campo es que está envejeciendo rápidamente. De acuerdo con los datos del IV Censo Agropecuario el 71% de los productores son de edades por encima de los 45 años y la edad promedio es 57 años. Estos índices hacen prever, que al no existir una política de apoyo al sector, los rendimientos y crecimientos de la producción de los últimos años, no serán sostenibles a mediano plazo. A ello se suma que la tenencia de la tierra en El Salvador está atomizada, con complicaciones heredadas tanto en la forma en que se posee la tierra como en el estado de la titularización. Se estima que el 87% de los productores cultivan dos manzanas o menos, con este tamaño es difícil generar las economías de escala que requieren las actividades productivas extensivas para ser competitivas. Estos productores trabajan el 61% del área total de tierras cultivadas.
El cambio climático no se ve como un asunto que tiene que ver con el desarrollo económico y social del país, ni su concepto se ha integrado en los procesos de planificación territorial o en los proyectos de inversión de los sectores productivos. A consecuencia de esto, el país, es vulnerable y con una baja capacidad de respuesta a eventos climáticos extremos, diezmada por eventos relacionados con desastres que provocan cuantiosas pérdidas económicas y de competitividad.
Las entidades públicas deberían incorporar ya, en sus planes sectoriales, una estrategia de adaptación al cambio climático para reducir el riesgo y los impactos socio-económicos asociados a este con objetivos específicos de generar mayor conocimiento sobre riesgos y oportunidades, para incorporar la gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo sectorial y territorial.
Para enfrentar el cambio climático, se deberían priorizar cinco sectores: agricultura, energía, transporte, vivienda y salud. En términos generales, se busca identificar el nivel de riesgo y para poder reducir la vulnerabilidad.
La preparación del país para enfrentar eventos climáticos extremos y la transformación gradual del clima, obliga a formular programas y proyectos prioritarios, así como fortalecer programas de acciones ya emprendidas pero que requieren considerar las variables climáticas en su planeamiento y ejecución, con el propósito de reducir las consecuencias negativas en el largo plazo para las poblaciones, el sector productivo y los ecosistemas.
El país debe adoptar medidas urgentes de mediano y largo plazo para revertir en lo posible, mitigar y prevenir, los efectos del cambio climático, así como fortalecer la institucionalidad ambiental relacionada con los aspectos tratados para disminuir las tensiones en el manejo de territorios, de los recursos y de las relaciones con la población y así contener las migraciones masivas frente a lo que podemos denominar las locomotoras del desarrollo económico.
*Colaborador de El Diario de Hoy
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