Si caminando por la calle me encuentro con un amigo que me pide dinero prestado, mi pregunta espontánea sería para qué lo quiere. Se trata de la información mínima que necesito antes de evaluar la pertinencia del préstamo. Si además resulta que ya antes he dado dinero a esta persona, lo lógico es averiguar qué fue de aquella primera ayuda, pues un nuevo pedido indicaría que algo no anda bien. Sinceridad es lo que yo esperaría de este amigo que me habla de su necesidad. ¿Pero qué pasaría si, en lugar de abrirme el corazón, su reacción fuera de enojo, y encima me acusara de falta de solidaridad con él? ¿Sería descabellada mi resistencia a aflojarle más plata?
El Estado no es forzosamente nuestro amigo ni tiene por qué serlo, pero sus peticiones de dinero nos afectan. La resistencia a darle recursos depende de muchas circunstancias, y los ciudadanos tendemos a hacerlas valer en proporción a la cantidad de información de que disponemos. Siempre será más fácil, por ejemplo, aceptar las “contribuciones” que pida un gobierno probadamente comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, pues al menos mostraría querer intercambiar información que permita al ciudadano vigilar cómo se invierte su dinero.
Acusar de poco solidario al contribuyente que exige transparencia al Estado no solo es antidemocrático, sino fuera de toda lógica. En más de un sentido sería como ese amigo que se enoja cuando le preguntamos para qué quiere el dinero que nos pide prestado. Por el contrario, un gobierno abierto al escrutinio público se adelanta de buena gana a las legítimas demandas de sus ciudadanos, porque se reconoce servidor de ellos. Rendirá cuentas de cada centavo sin remilgar, convencido del derecho que asiste a las personas que, vía impuestos, le entregan parte de sus recursos.
El gobierno nos está pidiendo a los salvadoreños que contribuyamos de manera “especial” al plan de seguridad. Con ese propósito, afirma, el 10% de la factura que pagamos para estar comunicados —desde el uso de un celular hasta la importación de equipos tecnológicos— pasará a engrosar un fondo destinado a cumplir con esa tarea fundamental. Y así, recaudando los 140 millones anuales que calcula alegremente el ministerio de Hacienda, en El Salvador estaremos a partir de los próximos meses más protegidos contra la delincuencia, las pandillas y el crimen organizado. ¡Una belleza!
El problema es que el gobierno nos ha dicho algo bastante similar con cada una de las tres reformas tributarias que nos ha aplicado en los últimos seis años y los índices de violencia no han hecho sino aumentar exponencialmente. El mismo partido oficial que hoy nos invita a ser “solidarios” en materia de seguridad ha sido incapaz de explicar por qué Sigfrido Reyes tenía a un socio suyo en calidad de asesor en la Asamblea Legislativa o por qué se mantienen en estricto secreto los viajes y los gastos publicitarios de la administración Funes.
El Estado espera que todos los salvadoreños nos “sacrifiquemos” para contrarrestar el crimen, pero los señores diputados se recetan millones de dólares en bienes de consumo, la lista de sus asesores ha sido publicada a cuentagotas y no hay quien consiga hacer realidad una urgentísima Ley de Responsabilidad Fiscal.
Incluso ateniéndonos al plan emanado del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, ¿a cuál de sus 124 acciones se dará financiamiento prioritario y bajo qué criterio? ¿Y de qué manera esta inversión de 140 millones, aun suponiéndola bien controlada, podría concretar los beneficios de “facilitación de actividades económicas”, “creación y conservación de oportunidades de trabajo” o “resguardo de propiedades” que los considerandos del proyecto de ley prometen a quienes estaremos obligados a pagar?
Como sea, nuestro “amigo” el Estado prefiere guardarse las explicaciones. Hoy nos vuelve a pedir dinero, olvidándose de las promesas que hizo antes. Y como tampoco esta nueva “contribución” le va a alcanzar, pronto volverá a pedirnos más.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.