El oficialismo atraviesa un momento incómodo. Favorecer intereses partidarios y personales sobre los de la sociedad, le empieza a pasar la factura. Cada vez son menos convincentes sus argumentos para justificar crisis y vender medidas poco populares. En cada discurso y propuesta descabellada, en cada mentira descarada y amenaza velada, se ha vuelto más evidente que los dirigentes del bloque oficialista buscan servirse y no servir. La situación ha llegado a tal extremo que la implementación de una entidad fuera del control gubernamental (y, por lo tanto, de la influencia partidaria) para el combate de la corrupción y la impunidad, ha encontrado tierra fértil en el país. El apoyo público a la iniciativa es abrumador y, muchos piensan, esto la hace prácticamente una realidad.
El descontento ha permeado incluso entre sectores sociales tradicionalmente cercanos al partido oficial. Esto progresivamente ha ido evaporando el apoyo ciudadano al gobierno. Las bases han trasladado sus reclamos y consecuentes regaños a los dirigentes y, en muchos casos, han optado por mejor ni acercarse a reuniones y eventos partidarios. Al final del día, esta piedra es la que más tendría que apretarle el zapato al ejecutivo.
Llegar a esta situación, sin embargo, parece no haber afectado el orden de prioridades para el oficialismo. El rumbo sigue inamovible y los funcionarios que lo imponen, también. A pesar del indiscutible pésimo desempeño en instituciones claves, que ha hundido al país en crisis de diversas magnitudes y alcances, no se vislumbran señales de que exista intención por dar un drástico y necesario golpe de timón. Por otro lado, sí se identifican indicios de que la manipulación y explotación de la opinión pública seguirán siendo las tácticas esenciales de la estrategia oficialista para la consecución de sus objetivos, utilizándolas para disfrazar sus intenciones y justificar o negar su ineficiencia e ineficacia.
Ante el creciente escepticismo y disgusto ciudadano, es lógico inferir que el oficialismo se verá obligado a sofisticar sus engaños y estratagemas. Sus tretas progresivamente serán más complejas, osadas, impactantes y difíciles de detectar.
Hechos como la salida del doctor Fortín Magaña del Instituto de Medicina Legal y el tratamiento de la liberación masiva en la Delegación de Apopa, de pandilleros detenidos recientemente en una de esas acostumbradas e ineficientes redadas, se deben de analizar bajo esta lógica. El incidente de actualidad que más llama la atención, aplicando este esquema analítico, es la explosión registrada el Regimiento de Caballería de la Fuerza Armada.
Igual que cuando la prensa denunció el traslado de decenas de cabecillas pandilleros en el contexto de la negociación propiciada por la administración Funes, las versiones oficiales sobre lo acontecido han variado significativamente y algunas de estas explicaciones resultan poco convincentes. A través de un proceso similar, se fabricó “la tregua” para esconder el pacto entre el Estado y cabecillas pandilleros. Es importante estudiar con cuidado el desarrollo del tratamiento de la explosión, ya que, según se afirma en círculos de inteligencia y seguridad, existiría una oscura motivación subyacente, relacionada con la destrucción de evidencia que podría ser utilizada en casos penales.
Los ciudadanos, por el momento, estamos solos y vulnerables ante la torcida forma de proceder del oficialismo. La oposición política, endeble, dividida y sin dirección, no está cumpliendo su función de servir como un contrapeso que garantice una potente voz para denunciar este tipo de tácticas. Los políticos opositores también han generado igual escepticismo ciudadano con su proceder y, por lo tanto, carecen de las cualidades que le den sustento moral y, por tanto, credibilidad a cualquier reclamo. Tampoco se detectan indicios de cambio en esta dinámica.
Ante este escenario, la mejor apuesta de los salvadoreños es seguir apoyando la creación de una entidad externa que le de voz al clamor ciudadano y nos defienda de los oscuros intereses políticos y partidarios.
*Criminólogo.
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