Eduardo Lovo es un exitoso neurocirujano salvadoreño. Su planteamiento denunciando “la gran corrupción” se multiplicó rápidamente en las redes sociales hace un par de semanas. El médico sostiene que el país debe “despolarizarse” y que la sociedad está obligada a vencer el miedo y a terminar con el desconocimiento del mayor problema que sufre la Nación.
Con la primera sugerencia se aspira a que los partidos políticos y los actores sociales y empresariales comprendan que el diálogo, y no la confrontación partidaria ni la búsqueda de los intereses propios, es la única vía para enrumbar al país. Respecto del miedo, la campaña anima a las personas a delatar, sin restricción alguna, a quien incumpla la ley. Solo enfrentando el temor, los políticos, empresarios, trabajadores y funcionarios honestos se pondrán por encima de sus pares que viven en la oscuridad desencadenada por la impunidad. Y por último se propone acabar con la ignorancia respecto del perjuicio social que causa la corrupción y sobre las ventajas que provoca ser transparente.
Ninguno de sus argumentos son extraños, por lo menos para quienes han batallado contra la debilidad de las instituciones desde hace años. En realidad, la novedad de su cruzada, más que revelar la ineficacia judicial, la impunidad que caracteriza al sistema, los señalamientos hacia los partidos políticos y la pasividad de las sociedad, es la de atreverse a manifestar su descontento por el fracaso social que ha derivado en problemas estructurales que nos impiden dar un salto de calidad hacia el desarrollo sostenible.
Se trata de un ciudadano que “rema contra corriente”. Su apostolado por la transparencia le ha llevado a invertir sus propios recursos en una amplia campaña, a arriesgar su prestigio profesional, a ponerse en la mira de corruptores y corruptos, a que algunos le acusen de ser “alfil presidencial” de una alguna fuerza política y, en pocas palabras, a incomodar al poder. Y es que existen razones suficientes para preocupar a los que se benefician de la ineficacia en el combate a la corrupción. La contundencia y la claridad de su mensaje son impresionantes. Eduardo ha encapsulado, magistralmente, los elementos que mantienen a El Salvador de rodillas ante flagelos como la injusticia, la anomia institucional y los intereses políticos.
Quien realiza semejante “quijotada” merece el reconocimiento social. Seguramente el Dr. Lovo identificó las consecuencias de su acción con la misma diligencia con la que estudió los factores que alimentan a la deshonestidad. Sabía que lo ubicarían en uno de los extremos ideológicos, que atacarían al mensajero y no al mensaje, que probablemente vendrían acosos del oficialismo y amenazas por parte de aquellos personajes o sectores que advierten en su cruzada, “la chispa” que se necesitaba para detonar la frustración reprimida de cientos de miles de salvadoreños.
En las últimas semanas el partido oficial y voceros de la presidencia han denunciado planes “desestabilizadores” y “golpistas” por parte de quienes se atreven a delatar la incapacidad gubernamental para resolver los graves problemas que generan la inseguridad, el estancamiento económico y el deterioro de las finanzas públicas. Han rescatado el concepto de “golpe suave” retomando los discursos de sus pares venezolanos y ecuatorianos y advierten, como lo señaló el politólogo estadounidense Gene Sharp, que ahora, en sustitución de la violencia, quienes procuran derrocar un presidente, lo hacen a través de la “guerra psicológica” evidenciando la corrupción, el irrespeto de la institucionalidad y la violación de las libertades fundamentales y de los derechos políticos.
De acuerdo a esa definición, todos aquellos que insinúen su descontento con la actual administración serán “cómplices” de una potencial “revolución”. Aliados por la democracia, las gremiales empresariales, los centros de pensamiento, los ciudadanos como Félix Ulloa o Paul Steiner que impulsan la iniciativa denominada “alto a la impunidad”, y el mismo Eduardo Lovo, estarían planificando una “ruptura violenta del poder político”. Violenta no porque se alzarán en armas e irrumpirán en Casa Presidencial para derrocar al presidente. Nada más alejado de la realidad. Resulta que las expresiones de esas organizaciones y personas se enmarcan en el ejercicio del derecho constitucional de la libertad de expresión.
El acuerdo de paz identificó a las elecciones libres, periódicas, transparentes y justas como la única vía para “destituir” a un gobernante, y así quedó impreso en la conciencia ciudadana. Las manifestaciones de descontento que se presentan a lo largo del tiempo, antes y después de un proceso electoral, no pretenden destronar al gobernante de turno por la fuerza. Son claras advertencias que de no corregir el camino es poco probable que los votantes reelijan en el poder a un candidato del mismo partido a través de las urnas. Son, al final de cuentas, llamados de atención que estimulan la participación ciudadana para exigir cuentas a los responsables de administrar la cosa pública.
*Columnista de El Diario de Hoy.