Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, se conoció que el precio de la canasta básica tanto urbana como rural ha tenido un aumento de más de $40 desde el año 2010. A guisa de ejemplo, para dimensionar este impacto, es de considerar que la canasta básica urbana ronda los US$203, cuando en el 2010 era de US$160, lo que representó un incremento de US$42. La canasta básica rural, por su parte, tiene un precio actual de US$149, cuando en 2010 era de US$110, lo que representa un incremento de US$39.
Es de recordar que la canasta básica es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda cubrir sus necesidades a partir de sus ingresos; en otras palabras, una canasta básica es aquella que tiene todos los productos necesarios para que la familia tenga una vida sana y satisfacer las necesidades sociales primarias. Su valor está afectado por aspectos como la inflación, grado de competencia y cambios en los patrones de consumo. No hay nada más importante para la población que el precio de los alimentos.
Tomando en cuenta que en la zona rural se concentra el mayor número de familias de escasos recursos, el haber experimentado un crecimiento del 34 % en los últimos años nos indica que el panorama se pinta dramático para estas familias, ya que esto puede significar que las familias han tenido que dejar de consumir algunos bienes o servicios básicos para mantener las porciones de alimento. Lo que podría desmejora la nutrición familiar.
Ante estas coyunturas, diferentes países de Latinoamérica han optado por buscar acuerdos entre el gobierno y los productores grandes y medianos a fin de lograr la estabilización, e incluso reducción, de los precios en los alimentos. En estas experiencias, los gobiernos promovieron en estos pactos el consenso, logrando una “autorregulación”. Gobiernos y productores tomaron conciencia que la intervención gubernamental directa, reguladora de los precios, provoca mayor inflación y termina en escasez.
Estos entendimientos han sido fructíferos, y según analistas, estos pactos de gobierno y privados, cuando gozan de credibilidad, generan el beneficio de frenar las expectativas inflacionarias al enviar señales de buen clima, contribuyendo a estabilizar aún más los precios internos.
Los consensos entre gobierno y sector productivo, para incidir en frenar o bajar precios en productos sensibles de la canasta básica, deben ser acompañados de una campaña de educación al consumidor para que tome mejores decisiones de consumo. Proveerle información de precios y opciones en un clima que fomente la competencia. Países como Chile, realizan con éxito este tipo de campañas en las que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha tomado un rol muy activo, apareciendo una vez por semana en los principales noticieros, explicando de forma sencilla adónde los consumidores pueden encontrar los productos más baratos. Además de la comparación de precios, la SERNAC anuncia cuáles productos entran en temporada baja y por lo tanto subirían sus precios, esto es importante porque prepara a los consumidores para que busquen productos sustitutos.
Las regulaciones requieren del fortalecimiento institucional. Una institución fuerte no significa distinguirse por aplicar procedimientos sancionatorios. Más bien la institucionalidad se fortalece cuando los administradores de las leyes de defensoría del consumidor tratan sin arbitrariedades a los administrados. La ley la cumplimos todos. Se promueve el consenso y la búsqueda de soluciones de país.
El incremento de precios en productos indispensables, que no pueden dejar de ser consumidos, golpea directamente el poder adquisitivo de las familias, ya que entre más sube el costo de la canasta más disminuye el dinero en la bolsa de la gente, ya que gasta más en comprar comida.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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