En el caso de los funcionarios de elección popular, el gran dilema de la sinceridad se plantea muy pronto, justo durante el diseño de sus respectivas campañas como candidatos. Si prometen lo que saben que no pueden cumplir, las altas expectativas generadas les pasarán factura cuando hayan asumido sus cargos. Tarde o temprano. Y esto es así porque los votantes engañados se convierten en ciudadanos frustrados mucho más rápido que en otras épocas.
Una forma muy común de estafa la ejecutan los políticos cuando se atreven a garantizar soluciones en temas que demandan un mínimo de consenso social. Aunque ellos mismos tienen claro que ciertos problemas son mayúsculos y requieren del concurso de numerosos sectores, incluyendo a las fuerzas de oposición, en campaña electoral prometen que el voto por ellos hará posible que las soluciones aparezcan, casi en virtud de su sola llegada al poder. Se olvidan del realismo y de la responsabilidad, apelando casi exclusivamente a los sentimientos y las ansiedades de los electores. Obtienen la victoria, sí, pero a costa de haber exacerbado el frenesí ciudadano hasta un límite peligroso, que luego actúa en forma bastante parecida a la de un bumerán.
Por supuesto, estamos todavía lejos de esa singular sinceridad que podría llevar a un candidato presidencial a abandonar las promesas irreales para concentrarse en construir una plataforma de diálogo y búsqueda de consensos. Y tan lejos nos hallamos de esta madurez política, que cada cinco años vemos cómo llegan a la primera magistratura de la nación personajes incapaces de liderar el país, es decir, de encabezar esfuerzos de unidad que reduzcan nuestras diferencias y potencien las apuestas comunes.
De alguna manera se esperaba que el profesor Sánchez Cerén y su equipo de trabajo aprovecharan la pésima experiencia del “lustro funesto” para aplicar correctivos. Tras una administración caracterizada por la prepotencia, la descalificación y la deshonestidad, se creía que el segundo gobierno del FMLN iba a dejar atrás la confrontación inútil y empezaría a desmontar las desconfianzas generadas por el quinquenio más divisivo de nuestra historia democrática.
Quince meses después, sin embargo, El Salvador sigue siendo un país dividido, tenso, inestable y con ninguno de sus principales problemas en vías de ser resuelto. Las promesas escuchadas en tiempos de campaña electoral se han transformado en febriles excusas –algunas de ellas tan absurdas como la teoría del “golpe de Estado suave”– y el anunciado diálogo nacional ha terminado sepultado bajo el aluvión de acusaciones y contraacusaciones en que están inmersos los dos partidos mayoritarios.
El FMLN no tenía por qué prometer a sus votantes que reduciría la inseguridad y reactivaría la economía. Bastaba que se comprometiera a ponerse a la cabeza de un proceso de diálogo nacional, sincero y permanente, marcado por el deseo real de escuchar, unificar criterios y abrirse a la crítica constructiva. Si nada de eso estaban dispuestos a empujar, ahora no debe extrañar a nuestros funcionarios que la ciudadanía les vaya perdiendo confianza cada semana.
Entre el domingo 16 y el martes 18 de agosto, un total de 125 salvadoreños perdieron la vida de forma violenta. Ni siquiera en zonas de guerra se alcanza tan fácilmente la cifra de 43 muertos diarios, que ha sido el resultado de la jornada más letal según todos los registros delictivos del país. Un rotativo británico ha llamado a El Salvador “la capital del homicidio en el mundo”. Una periodista canadiense recordó que ni siquiera durante el conflicto armado se vivió una semana tan sangrienta.
Ante semejante escalada criminal, nadie espera que el gobierno haga magia. Lo que se le pide es que lidere un proceso honesto de búsqueda de soluciones integrales, empezando por suspender esa insensata campaña oficialista que pretende acusar de “desestabilizador” a cualquiera que exija capacidad o eficacia. El recurso de dividir a la sociedad también es mortal. ¿Cuántos salvadoreños deben morir para que lo entendamos?
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.