La inseguridad y criminalidad siguen agravándose. Durante los últimos días se han registrado incidentes perpetrados por pandilleros que, por sus características, han causado más alarma social de la usual, amplificando así el miedo colectivo que prevalece entre la ciudadanía. Los sorpresivos y relativamente sofisticados ataques a policías y militares, y la cobarde agresión sexual en contra de una menor de seis años de edad, sobresalen entre los delitos que han desfilado en la surtida variedad de hechos sobre los que informaron al país los medios de comunicación en la última semana.
Algunos critican esta cobertura, pero es necesaria para visibilizar la delicada situación que se vive en el país y, de esa forma, generar presión sobre los responsables de garantizar la seguridad de los salvadoreños. El gobierno y sus más férreos adeptos y aliados, ante esta presión, tratan incesablemente de descargar responsabilidad en la prensa por la inseguridad generalizada, argumentando que informar sobre hechos criminales ha creado una percepción alejada de la realidad. Reprochar la cobertura mediática de incidentes delictuales, considerando los peligros que enfrenta a diario la ciudadanía, es una actitud mezquina, apegada a intereses partidarios y, en consecuencia, alejada de los de la sociedad.
Los graves crímenes y la alta incidencia delincuencial registrados en días recientes, lógicamente han propiciado que el tema sea retomado por programas televisivos y abordado por generadores de opinión. La captura de un cabecilla pandillero mientras vacacionaba en un lujoso rancho de playa en la Costa del Sol, por ser presunto autor intelectual del homicidio de un efectivo policial, ha atizado el fuego de los debates sobre la inseguridad. Muchos comentan con indignación los delitos, las estadísticas criminales y el estado del sistema de justicia penal, externando su preocupación, ofreciendo sus propias lecturas sobre por qué estamos en esta crisis y señalando qué es lo que, a su criterio, se necesita cambiar para empezar a salir de este hoyo.
Coincido con algunas posturas y difiero con otras. Roberto Cañas, editorialista de Diario El Mundo, por ejemplo, en su artículo de opinión publicado este miércoles asegura que El Salvador ya tocó fondo y, por lo tanto, ya no se puede hundir más. Infiero que Cañas, en un esfuerzo por inyectar una dosis de positivismo y ánimos en medio de tan decepcionante y crítico ambiente, plantea la hipótesis de que no es posible que la situación se agrave aún más. Difiero con esta posición porque todo indica que esto solo es el principio.
Lastimosamente, ahora estamos sufriendo las consecuencias de haber empoderado e instrumentalizado a los cabecillas pandilleros y propiciado una evolución sin precedentes en sus organizaciones y de, además, permitir el deterioro, debilitamiento y contaminación del aparato de seguridad. Los intereses partidarios y su nociva manipulación del sistema de justicia penal, son los principales precursores detrás de lo que nos ha traído a este catastrófico escenario que abate sin cesar a la mayoría de salvadoreños.
El oficialismo ha demostrado que prefiere un gabinete de seguridad fiel al partido oficial, que uno profesional, técnico, visionario y carismático. La actuación de la Fiscalía en unos casos y su falta de actuación en otros, sugiere que la manipulación política de la investigación y persecución del delito es una realidad innegable. Hasta el momento, no se visualizan señales que indiquen que esto cambiará en el futuro cercano, por lo que la seguridad de los salvadoreños seguirá adoleciendo de los déficits que la han llevado a esta crisis y, por otro lado, las pandillas, más pujantes que nunca, seguirán avanzando a falta de un abordaje adecuado. Hasta que esto no cambie, El Salvador seguirá cayendo en el abismo de criminalidad cavado por los intereses partidarios.
*Criminólogo.
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