E
n una crónica publicada en El Faro, el periodista Oscar Martínez cuenta cómo en El Salvador, “crimen y castigo” se han vuelto la misma cosa en vez de un acto y una consecuencia. Quien sabe si la crónica describe una excepción y no la regla. Según la crónica, un grupo de agentes policiales se pasaron los procedimientos policiales por la suela de las botas con las que patean caras y quiebran costillas de “detenidos” que fueron después liberados sin cargos. La redada capturó a decenas de jóvenes –sin cargos– “porque podrían haber sido pandilleros”.
Lo que también hela la sangre son las reacciones ante la historia: aplaudiendo a los policías como héroes, como si las víctimas “merecían” el abuso al que fueron sometidas, por el simple hecho de existir y que esa existencia sea en una comunidad controlada por diferentes pandillas. Probablemente son pandilleros. Quizás han incurrido en actos criminales. Quizás han sido victimarios alguna vez, y han estado del otro lado de la ecuación, del que controla, tortura y atemoriza. Pero ninguna de estas cosas justifica el problema más grande: que la situación de violencia nos está llevando a normalizar el impune abuso de la fuerza a manos del Estado.
Y la brutalidad policial es entendible, viene de la rabia e impotencia de los agentes policiales, que ven a los suyos caer en lo que se ha convertido en una guerra, pura y dura, por mucho que el ministro de Defensa Munguía Payés eufemísticamente la llame “conflicto de baja intensidad”. La falta de apoyo y recursos también juegan un papel importante. Pero que sea entendible no equivale a que sea justificable, sobre todo cuando el precio lo pagan la institucionalidad, el Estado de Derecho y los derechos individuales, que nadie pierde ni por criminal, ni por vivir en comunidades de alta criminalidad, ni por afiliarse a una pandilla.
Entre las terribles consecuencias de la crisis de inseguridad en el país –además de las miles de muertes que quedan impunes — se encuentra también el populismo “mano-durista”, que tiende a ponerse de moda entre políticos oportunistas que por cierto, tienen el privilegio de dormir tranquilos sin el riesgo de que alguno de sus hijos sea pescado por una redada por “parecer” pandillero. Salen algunos pidiendo legalizar la pena de muerte (qué miedo, que nuestro Estado que se muestra incapaz de ejecutar un presupuesto tenga también la potestad de literalmente, ejecutar vidas), o proponiendo brutalidades absurdas como la castración química, como si el origen de nuestros problemas fuera la falta de leyes ante la actividad criminal. Deberíamos comenzar por hacer cumplir las que existen, de paso limpiando el sistema de corrupciones y arbitrariedades.
La verdad de las cosas es que los derechos individuales resultan mejor protegidos entre más restringida se encuentra la fuerza del Estado. Sepamos reconocer el populismo autoritario mano-durista y condenemos la brutalidad policial, pues el precio de que el Estado opere con la misma violencia que lo hacen los criminales, es la corrupción del sistema del que dependemos para la protección de nuestros derechos individuales.
*Lic. en Derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg