Desde que se sugirió públicamente la posibilidad de instaurar una comisión contra la corrupción e impunidad en El Salvador, similar a la que opera en Guatemala, el tema ha sido discutido en las páginas editoriales de los principales periódicos del país y el apoyo es abrumador. Las redes sociales también han sido saturadas por la circulación de mensajes en la misma línea. La opinión pública está claramente inclinada a favor de que se impulse una iniciativa que contribuya a la investigación y castigo de la corrupción y otros casos sensibles.
Los riesgos son altos, como expliqué la semana pasada en este espacio, ya que si se maneja mal una iniciativa como ésta se condenaría al país a que profundice la crisis actual aún más y, peor aún, bajo una legitimación internacional. Sin embargo, la situación es tan grave y los pronósticos tan tenebrosos, que sino disparamos este último cartucho ahora, es muy probable que no tengamos otra oportunidad de hacerlo.
Lo crítico del momento actual y los malos augurios son elementos centrales que alimentan el apoyo generalizado por una versión salvadoreña de la experiencia guatemalteca. Otro poderoso factor motivador son los inspiradores resultados producidos recientemente por la CICIG con investigaciones en contra de poderosos funcionarios corruptos del gobierno guatemalteco. Antes de estos, no se había tenido la capacidad de generar este efecto, que muchos han calificado como “la primavera centroamericana”.
Concentrarse en la investigación y judicialización de casos que involucren a funcionarios de administraciones anteriores es muy importante, pero es un error gravísimo concentrarse solo en el pasado y no ver el presente. Lo impresionante y motivante de la CICIG es que logró investigar y procesar a políticos y burócratas corruptos mientras estaban en posiciones de poder. Esto es una verdadera rareza, algo que se observa con poca frecuencia en el mundo y casi nunca en Latinoamérica.
Tener un cuerpo investigativo que se escape de las garras de la influencia política y partidaria, es esperanzador para los salvadoreños honestos y espeluznante para los malos funcionarios y criminales. La reacción política, especialmente la disciplinada postura radical del oficialismo, en franco rechazo de esta alternativa es, por lo tanto, preocupante. Escuchar a altas autoridades y activistas de la izquierda radical utilizar todo argumento imaginable para de tajo rechazar la posibilidad de que se instale una CICIG salvadoreña, sin por lo menos abrir el espacio para analizar el tema, es una mala señal.
Sin embargo, la situación es aún más alarmante si consideramos que como parte de su estrategia para enlodar esta iniciativa, el oficialismo ha recurrido a una táctica trillada por los países influenciados por el chavismo y Cuba ante situaciones parecidas: inventarse un golpe de Estado ficticio y argumentar que sus críticos y opositores lo formularon y apoyan. Esto no solo sugiere que el oficialismo le tiene pavor a un ente como la CICIG, sino que además revela el camino por el que pretenden llevar a la nación, buscando asemejarla a los peores gobiernos totalitarios de izquierda radical. Esto es todavía más grave cuando se toma en cuenta el video que circuló este periódico esta semana, en donde activistas pro democracia en Cuba, fueron retenidos en el aeropuerto de El Salvador. Las imágenes muestran cómo policías salvadoreños obligaron a que personas que filmaban la situación con sus teléfonos dejaran de hacerlo y se escuchaban, adicionalmente, las advertencias de los retenidos que les explicaban a los elementos policiales que si seguían directrices de los Castro, en poco tiempo el país sería de corte autoritario.
La creación inmediata de una CICIG salvadoreña es impostergable. Sin ella las probabilidades de que cese la impunidad y la corrupción, son bajas. Además, no instaurarla facilitará la instrumentalización política de los cuerpos de seguridad y, por lo tanto, su alejamiento de su misión principal de servir y proteger.
*Criminólogo.
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