La corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia, palabra tan de moda en nuestro país entre la sociedad civil, pero tan sistemáticamente rechazada por las esferas del poder estatal, ¿la razón? El gobierno salvadoreño, desde siempre, ha estado acostumbrado a actuar a la sombra del poder donde el ciudadano común, los organismos no gubernamentales, las universidades, los tanques de pensamiento y los medios de comunicación, han sido convenientemente mantenidos al margen del manejo de los fondos públicos, así como de la conducta y negocios personales de los gobernantes.
No obstante los innegables avances en la democracia en nuestro país, El Salvador continúa reprobado en el combate a la corrupción. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que mide los niveles de corrupción en el sector público, de acuerdo a sondeo realizado en 175 países, contamos con un puntaje de 39 en una escala de 100, donde 0 representa el máximo de corrupción y 100 el nivel máximo de transparencia. De acuerdo al índice IPC, en El Salvador no se han reflejado avances sustanciales en materia de mejora en la percepción de corrupción durante los últimos dos años.
Dependerá de cómo la corrupción se hubiese afincado en la mente tanto de los funcionarios como de los administrados, que puede hablarse de corrupción, así, a secas, o de un concepto mucho más integral insinuado por el presidente de Uruguay, Pepe Mujica: La gran corrupción, la cual implica una situación de corrupción política sin restricciones que de acuerdo a los griegos se conocía como cleptocracia, término que significa literalmente “gobierno por ladrones”.
La corrupción, así como la entendemos, tiende a movilizar pequeños montos de recursos económicos u otros bienes, dificulta que un país mejore en su economía, ya que evita la competencia y la libre concurrencia entre proveedores en condiciones de igualdad, aumentando la sensación de injusticia. La gran corrupción en cambio, genera la desconfianza total ante las autoridades centrales, pervierte en su totalidad el funcionamiento del aparato estatal, desvía recursos, enriquece a la cúpula de privilegiados que acceden al poder, pero sobre todas las cosas, provoca que las personas que llegan al poder irremediablemente sean absorbidos y pervertidos por el sistema.
La corrupción afecta a uno o varios funcionarios en especifico, mientras que la gran corrupción pervierte los sistemas, de tal forma que aunque cambiemos de partido político que nos gobierne, si el sistema ha sido corrompido en su totalidad, no hace una diferencia real quien gane las elecciones, ya que estos nuevos gobernantes –independientemente de sus buenas intenciones al momento de ser electos– serán “convertidos” por un sistema que irremediablemente fagocita políticos honrados y genera corrupción. Visto gráficamente, la corrupción es un cáncer y la gran corrupción es la metástasis del sistema.
¿Qué hacer entonces? Paradójicamente, la sociedad no obstante que debe exigir transparencia así como leyes adecuadas y modernas que la garanticen, debe empezar por ?limpiar la casa”, es decir, abogar por la transparencia de la sociedad completa, lo que equivale a decir que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros mismos, ya que no es viable pensar que el sistema cambiará si nosotros como sociedad civil, como empresarios, como empleados, continuamos promoviendo la corrupción del sistema formando parte voluntaria de actos de corrupción. En otras palabras, no podemos sanear el sistema si no empezamos corrigiendo nuestra actitud como ciudadanos: una vez que estemos dispuestos a someternos al imperio de la ley, podremos exigírselo a nuestros gobernantes, eso va desde aquel miembro de la mesa electoral que alegremente participa en la anulación ilegal de votos del contrincante, hasta el empresario que evade impuestos impunemente, llegando por su puesto al político que roba descaradamente de los fondos públicos en perjuicio patente de la colectividad.
El mensaje no puede ser más simple: sin corruptores no existirían corruptos. Por cada ministro, funcionario, diputado, magistrado, juez, empleado público o policía que comete actos de corrupción, existe un instigador de la sociedad civil que estuvo dispuesto a participar de ella. Si vamos a exigir transparencia en los funcionarios públicos, estamos en la obligación de ser transparentes nosotros mismos: una sociedad honesta es la única forma de transformar el sistema.
*Abogado, Master en Leyes.