Decidir supone, en mayor o menor medida, el riesgo de que las cosas salgan mal. Y el miedo a perder hace que decidir sea difícil. Pero si nos garantizaran que otros cargarían con los costos de un eventual fracaso, entonces decidir nos resultaría fácil.
Es excepcional que un funcionario asuma personalmente el costo de los malos resultados de sus decisiones. Por eso en muchas ocasiones a estos les resulta más fácil tomar decisiones que a los ciudadanos.
Si una decisión tiene malos resultados, el burócrata que la tomó encontrará un escondite cómodo detrás del escritorio. “La responsabilidad es del Estado”, se dirá. Pero hacer responsable al Estado no elimina los costos, simplemente los transmite a otros: a los ciudadanos y contribuyentes.
Ante un mal resultado, rendir cuentas no puede entenderse como un discurso de justificaciones, explicaciones o excusas. Debe suponer que el funcionario se niegue a trasladar a los ciudadanos los costos de su decisión, y, en su lugar, los pague él personalmente y hasta donde pueda.
Han habido avances en la misión de asignar las responsabilidades a quien corresponde.
En 2013 la Sala de lo Constitucional determinó que un tribunal violó un derecho fundamental al dictar una decisión. Finalmente expresó que la víctima de la infracción “si así lo considera conveniente, tiene expedita la promoción de un proceso, por los daños materiales y/o morales ocasionados como consecuencia de la vulneración de derechos constitucionales declarada en esta sentencia, directamente en contra de las personas que ocupaban el cargo de magistrados de la Cámara de la 2a. Sección de Occidente cuando ocurrió la vulneración aludida”. Así, no sería la Hacienda Pública quien pagaría el resarcimiento de los daños provocados; serían los individuos que, en calidad de magistrados, firmaron la sentencia que violó la Constitución.
También la Ley de Acceso a la Información Pública dio un avance importante. Si un funcionario niega la información que solicita un ciudadano o la entrega de manera parcial o ininteligible, la multa respectiva se impondrá “al funcionario público con facultad para tomar decisiones dentro de las atribuciones de su cargo”. Él pagará de su bolsillo las consecuencias de su decisión.
Deducir las responsabilidades de los funcionarios a nivel personal, les disciplina. Les incentiva a ser más responsables y prudentes al momento de firmar.
Pero la noticia de que nadie presentó ofertas en la licitación para la concesión del Puerto de La Unión nos recuerda que aún falta mucho en este camino.
En 2001 unos funcionarios decidieron que era buena idea construir un puerto en La Unión. Luego otros decidieron comenzar la obra, y endeudar a los contribuyentes con un crédito de US$132 millones. Después vino un desfile de burócratas que no pudieron consumar la concesión del puerto.
Pero a los japoneses no podemos pagarles el crédito ni con las buenas intenciones de quienes planificaron el proyecto, ni con las excusas de quienes no han podido ejecutarlo. La responsabilidad de ese fracaso la ha pagado usted, y no los funcionarios que en estos últimos 14 años tomaron decisiones en su nombre.
En los próximos días vendrán las excusas y el anuncio de qué harán con esa faraónica plancha de cemento.
Sea cual sea la decisión respecto al Puerto de La Unión, ojalá que los funcionarios ahora la acompañen de fianzas bancarias a su cargo. Si están tan seguros de sus decisiones, harían bien jugándose su patrimonio personal para garantizarlo. Y si vuelven a fracasar, por lo menos así demostrarían un atisbo de responsabilidad y solidaridad acompañándole a usted, que nuevamente será quien pague el costo de las malas decisiones de ellos.
*Colaborador de El Diario de Hoy. dolmedo@espinolaw.com @dolmedosanchez