Es triste pensarlo, pero décadas después de haber firmado la paz y cuando muchos optimistas pensaban que estábamos encaminados hacia el fortalecimiento de nuestra democracia, El Salvador está coqueteando con la posibilidad de volver a tener presos políticos. Además del terrible atropello a los derechos humanos, la posibilidad de que se condene a los acusados de peculado en el caso CEL-ENEL sin evidencia alguna de enriquecimiento a costa del Estado, podría traer una serie de consecuencias nefastas para el Estado de Derecho.
No solo es condenable y asquerosa la politización de la justicia, es también poco original. Un trabajo de “copy-paste” íntegro de jugadas que ha empleado la administración de Cristina Kirchner en Argentina, la de Rafael Correa en Ecuador, la de Nicolás Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia: todos ellos tienen en común, que para amedrentar a la oposición política han recurrido al sistema penal con acusaciones infundadas de mala praxis en administraciones públicas pasadas.
Y aunque en la opinión pública se ha pretendido disfrazar el caso como combate a la corrupción, en realidad no es más que una vendetta política. Entre los daños colaterales de una condena a los imputados, está precisamente la batalla contra la verdadera corrupción, puesto que se desvían recursos que podrían ponerse al servicio de la investigación del uso de “caja chica” que las administraciones Saca y Funes hicieron de la CEL.
También nociva para el Estado de Derecho es la prostitución de las herramientas procesales: el uso del aparato judicial para la consecución de fines que nada tienen qué ver con la justicia, nos termina afectando a todos, pues señaliza que cuando conviene, la política y el poder están por encima de las garantías y derechos individuales como el debido proceso o la presunción de inocencia.
Sin embargo, casi tan grave como el debilitamiento de nuestras instituciones y Estado de Derecho, es el posible desincentivo que esta persecución injusta generará para generaciones de jóvenes preparados y con interés en participar en la administración pública. Independientemente de la manera en la que falle el juez, la persecución y difamación de ocho víctimas envían como señal que el precio a pagar por una carrera en el servicio público es la pérdida del honor, el ataque a la integridad, y un potencial encarcelamiento como resultado de la criminalización política de la política pública.
Mucho se habla de la necesidad de un relevo generacional y de la urgencia que el país tiene de que nuevas ideas vengan a limpiar las viejas mañas de quienes han estado demasiado tiempo en el poder, pero son precisamente este tipo de situaciones las que hacen que muchas personas decentes quieran mantenerse al margen de la política, dejando el servicio público en manos de quienes no dudan en usar el servicio público para servirse a sí mismos.
*Lic. en Derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg