Una apuesta al futuro de nuestro país descansa en la claridad de ideas de la estructura política y económica de nuestro país. Respetar el Derecho constituye un paso inexorable.
Pero un texto jurídico por sí sólo no basta para delinear las conductas de los agentes. Las formas de entenderlo y su práctica hacen la diferencia.
Vivimos en una constante necesidad de mejorar nuestra economía y esto pasa, entre otras cosas, por dispensar reglas claras a los inversores. Las inversiones pueden realizarse con diversos medios, entre estos, los Tratados de Libre Comercio y los contratos.
Es muy sabido que llegar a la firma de un Tratado no es tarea fácil, las partes, los estados y sus grupos de trabajo se imponen grandes dosis de esfuerzo y a veces, renuncian a conceptos propios para arribar a una decisión final. Algunas cosas se dejan en el tintero, cuando las posturas resultan inconciliables. Sin embargo, una vez se empeña la palabra, no puede haber marcha atrás.
Todas las fuerzas vivas que componen el Estado deberán ser consecuentes con el compromiso tomado. En un mundo cada vez más globalizado, que aproxima a los operadores de cualquier parte del planeta, quienes pertenecen a culturas con patrones diferentes (v.gr. idiomas, formas de trato, religiones y creencias) se impone la necesidad de discernir, descubrir y aplicar puntos de conexión comunes.
Lo anterior ya se ha conseguido en algunas áreas básicas de la convivencia humana, mediante Declaraciones de Derechos Humanos, Convenciones de carácter universal y regional en diversas materias del Derecho que sujetan nuestras conductas a un solo tipo de paradigma. Claro está, que este resultado parte de una premisa, la claridad conceptual de la que hablamos.
En esta búsqueda de patrones de conducta, reglas universales de derechos y obligaciones, a lo largo de la historia, los organismos internacionales encargados de elaborar textos jurídicos han experimentado la disyuntiva de adoptar posturas que beneficien a un gobierno o por el contrario proponer ideas neutras, de carácter técnico confrontadas con la más rica experiencia humana y no sumisas a un interés particular.
Uno ejemplo de lo sucedido lo encontramos con las Convenciones de la Haya (Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Bienes Muebles Corporales y Ley Uniforme sobre la Formación de Contratos de Venta Internacional de Bienes Muebles Corporales), del año 1964, calificada por atender a un interés de un sector jurídico y a un grupo de países desarrollados. Por eso no recibió el respaldo de países subdesarrollados o en formación, con reciente estructura gubernamental, por haber sido antiguas colonias.
Más delante en la historia, nos encontramos con un escenario distinto, por conducto de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, se aprobó en el año 1980 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.
La que sí ha recibido un amplio apoyo de los países, además en su etapa de formación hubo participación de diversos sectores sociales, políticos, económicos, países del Sur del Norte, Este y Oeste, en un contexto de guerra fría. A pesar de eso hubo claridad de ideas políticas y económicas que se concretaron en una regulación contractual única que determina la suerte de compradores y vendedores internacionales.
Llegar al futuro requiere recorrer el rumbo de la certeza jurídica.
*Dr. en Derecho, Universidad
Carlos III de Madrid y exbecario IIE.