Recientes noticias nos han informado que varios miembros destacados de la sociedad entre ellos el director de FUNDE, directores de gremiales, magistrados de la CSJ y directores de partidos de oposición han denunciado que se sienten perseguidos y amenazados por grupos de vigilancia y espionaje ilegal, la acusación más concreta señaló a un funcionario de casa presidencial como conocedor de esto. Meses atrás, desde la fiscalía se habló de que existían 4 centros de espionaje.
Si a estos hechos agregamos lo que está pasando en la vía judicial con dos famosos casos con alto contenido político (caso CEL/ENEL y caso Francisco Flores), realmente debemos preocuparnos si “el estilo Venezuela” de realizar persecuciones judiciales a políticos de oposición, acusándolos sin pruebas reales de delitos como corrupción o conspiraciones para golpes de Estado o magnicidios, comienza a perfilarse en el país.
Cuando se estudia el caso sobre una supuesta “corrupción” que los gobiernos del FMLN han montado contra los exfuncionarios de CEL y de LaGEO, no se puede sino, quedar asombrado de hasta dónde ha llegado el caso sin que exista en el proceso la menor prueba de corrupción de cualquiera de los acusados. Pero no sólo es eso, es que la aplicación del tipo delictual “peculado” está siendo realizada con una arbitrariedad que sorprende, por ejemplo los directores de junta directiva de LaGeo nunca pudieron cometer peculado, el primer requisito es ser funcionario público, y ellos eran empleados privados de una sociedad mercantil. Estas mismas personas debían según lo exige el tipo penal, tener bienes públicos muebles a su cuidado y sustraer éstos (las acciones) para dárselos a un tercero, resulta que tales acciones siempre estuvieron en poder de su dueño, o sea CEL, quien acordó emitir acciones nuevas para pagar la planta de Berlín II. Si esto es así, ¿cómo es posible que los directores de junta directiva de la LaGeo hayan sustraídos las acciones, que nunca estuvieron en su poder o custodia?
Por el otro lado, los funcionarios de CEL, que sí eran empleados públicos y sí tenían las acciones en su custodia, nunca las sustrajeron. Las acciones de CEL siguieron siendo de CEL, primero directamente y luego vía una sociedad mercantil llamada INE. Lo que la CEL hizo fue pagar una planta de geotermia en Berlín, no con dinero, sino con nuevas acciones, las que por cierto se entregaron una parte en el gobierno Flores (12.5%) y el 23.7% en el siguiente gobierno, pues fue cuando se terminó la referida planta de Berlín. Entonces ¿cuál fue la “sustracción” que justifique una demanda de la magnitud y del tenor del juicio en curso?
Más aún, para que exista un delito doloso, debe existir un motivo, en este tipo de delitos deberían estar probadas entregas a los acusados de dinero, prebendas, viajes, regalos, dadivas o cualquier otra contraprestación material. En el juicio no existe ni la más mínima prueba de un soborno o favores especiales para los acusados.
Finalmente, se acusa a un exministro de Economía de “instigar” el peculado, todo porque se dice que envió a CEL una propuesta de nómina para una junta directiva en LaGeo. Por cierto lo hizo ya electa la junta, pero más importante se olvida que el rol de controlador de las políticas públicas de las secretarías de Estado en relación a las autónomas es lógico y natural, pues éstas están por ley adscritas a un ministerio.
Si las cosas son como las digo, ¿por qué a pesar de haber firmado la recompra de las acciones y la renuncia a exigir daños a TODOS los involucrados, el FMLN y sus adláteres se niegan a quitar tal reclamo a los salvadoreños?
La única respuesta que me queda, es un juicio político, decidido en algún lugar oscuro y secreto, por jueces desconocidos y por motivos sospechados pero también desconocidos; al más puro estilo de Frank Kafka. A partir de allí, los agentes públicos del caso actuarían en base a las instrucciones emitidas.
Viéndolo así, la cosa cuadra, pero ya no es justicia es venganza, es amenaza al resto de opositores, es intimidación.
Casi lo mismo se puede decir del caso Flores, pero eso requiere otro artículo.
Me parece que como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación apoyar acciones valientes de denuncias como las mencionadas al inicio, y por supuesto alzar nuestra voz cuando la justicia es usada como instrumento de castigo político.
Espero que paren estas acciones, que sigamos construyendo democracia y libertad y que exijamos a nuestros gobernantes que respeten el Estado de Derecho y no solo el Estado de legalidad.
*Abogado.