En el marco de una reunión clave de siete cámaras de comercio de países amigos, orientada a fortalecer los vínculos económicos con el nuestro, varios de los embajadores de esos países emitieron opiniones sobre los problemas que ahuyentan las inversiones internacionales. Los países incluían a Estados Unidos, Alemania, España, Francia, México, Colombia e Israel. Mencionaron los largos procesos de tramitología, los controles fronterizos que dificultan las importaciones y las exportaciones, que aumentan los costos de operación de las empresas, lo cual redunda en no inversión, o en inversiones que pagan sueldos más bajos porque los otros costos son demasiado altos. Pero lo que más detiene la inversión son los ataques del gobierno a la Sala de lo Constitucional, y lo que se percibe internacionalmente como la persecución política de los acusados en el caso CEL-ENEL.
Las razones de esta percepción son obvias. Todo el mundo ha visto que no se les ha podido probar nada incorrecto a los acusados. También ha visto que a pesar de eso hay una voluntad férrea de condenarlos y encarcelarlos. No queda otra explicación que de lo que se trata es de una persecución política. El gobierno quizás no se ha dado cuenta hasta que se lo han dicho los embajadores, pero eso es lo que se dice internacionalmente, y se dice con mucha credibilidad porque hasta el mismo juez de la causa dijo en su sentencia que los acusados no han violado ninguna ley. El argumento que el juez usó para aun así no sobreseer el caso (que es porque él cree que las leyes que regulan el caso son inconstitucionales, y que los acusados no deberían de haber obedecido esas leyes previendo que él así lo iba a pensar más de una década después), nos está colocando en una posición muy incómoda en los círculos judiciales.
Si ese criterio se aplicara, mucha gente de este gobierno estaría en la cárcel porque muchas de las leyes que ellos han obedecido han sido declaradas inconstitucionales, no por un juez que no tiene jurisdicción sobre lo constitucional, sino por la Sala de lo Constitucional, que sí la tiene.
Pero el tema no es de risa. Como los embajadores han dejado muy en claro, el resultado de esto es que las empresas prefieren no entrar a El Salvador porque temen que en algún momento se pueden cruzar sin querer enfrente de los intereses políticos del gobierno y que los persigan, como persiguieron a ENEL, poniéndole juicios (que en las cortes internacionales todos los perdió el gobierno), y acusando criminalmente a los que habían negociado con ENEL y al menos a uno que ni siquiera participó en los hechos, de delitos que no existen y que por supuesto no ha podido ser probado que existieron.
La decisión de perseguir a los acusados es tan grande que al gobierno no le está importando que con eso se está auto-incriminando en un delito, ya que compró las acciones del pleito a ENEL por 280 millones de dólares. Si fuera cierto que los acusados salvadoreños cometieron un crimen en la venta de las acciones a ENEL, sería también un delito usar los recursos del Estado para comprar esas mismas acciones, que según el mismo gobierno fueron mal habidas por ENEL. Si los acusados cometieron un crimen al venderlas a ENEL, ENEL tiene que haber cometido un crimen al comprarlas, y el gobierno otro crimen al comprárselas a ella. Esto no me lo he inventado yo. También se comenta en los círculos jurídicos internacionales. El gobierno no puede patear los derechos de tanta gente sin que todo el mundo se dé cuenta.
El porqué al gobierno no le importa auto-incriminarse también se comenta internacionalmente. Está dando la impresión de que no tiene miedo de que a ellos les llegue la justicia. Esto refuerza la impresión de que aquí el imperio de la ley está por los suelos.
Todo esto es muy malo para el país y para el gobierno. Todavía hay tiempo. Es muy difícil encontrar un grupo de países y embajadores más bien intencionados con el país. El gobierno debería de escucharlos. Le están diciendo lo que ya todo el mundo sabe afuera.
*Máster en Economía,
Northwestern University.
Columnista de El Diario de Hoy.