El desafío de la industria eléctrica es responder a la creciente demanda de los hogares y las empresas, haciendo un delicado balance entre las inversiones de largo plazo y el flujo de caja en el corto plazo. Los objetivos de competencia y regulación de las tarifas son los aspectos más relevantes para el regulador; mientras que para el normador, es el crear un ambiente de negocios que atraiga al sector la inversión privada en el largo plazo.
La promoción de un clima de negocios con reglas transparentes y estables, es un prerrequisito para facilitar la inversión en el sector energético. A su vez, el contar con mercados energéticos eficientes conlleva la necesidad de revisar constantemente el desempeño de las empresas del sector, asegurando las políticas públicas la promoción de la competencia y el buen funcionamiento del mercado.
Se deben considerar acciones tendientes a promover un ambiente de competencia en el sector energético, diseñar instrumentos e incentivos que favorezcan la atracción de inversión, fortalecer el marco regulatorio y de supervisión, y revisar, cuando sea necesario, el marco legal de los sectores energéticos con el fin de promover la eficiencia de los mismos.
En este contexto, reviste especial importancia el trabajo que se ha realizado en el marco normativo para la implementación de contratos de largo plazo de compraventa de energía eléctrica, mediante procesos de libre concurrencia, tal y como lo contempla la Ley General de Electricidad. A grandes rasgos, los contratos de largo plazo se establecen entre generadores y distribuidores de energía eléctrica por un período de varios años, lo que tiene importantes beneficios tanto para los consumidores como para los productores. Para el caso de los potenciales inversionistas en proyectos energéticos, estos contratos estabilizan las condiciones para rentabilizar el desarrollo de nuevos proyectos de generación, suavizan el impacto tarifario por volatilidad de precios del mercado de oportunidad, y además facilitan la obtención de financiamiento para estos nuevos proyectos.
Otro tema de gran importancia es incrementar la eficiencia en el uso de la energía en El Salvador, para lo cual se deben de tener como objetivos fundamentales el racionalizar la demanda energética, el incrementar la competitividad y mitigar el daño ambiental. Los programas de uso racional y eficiente de la energía han cobrado mayor relevancia en las condiciones actuales, de precios del petróleo.
Las acciones de una política pública que privilegie la eficiencia energética, deben ir enfocadas al fortalecimiento institucional del sector. La infraestructura organizacional en El Salvador, para la implementación de los programas de eficiencia energética es aún débil, por lo que el desarrollo de tal capacidad es un componente crítico en la política energética.
La normalización pasa a ser uno de los campos claves para la eficiencia energética, ya que es básico el desarrollo de normas técnicas de producción que promuevan la eficiencia energética. A la fecha se han desarrollado y aprobado las normas técnicas para lámparas fluorescentes, utilizadas en oficinas y el comercio; así como las normas técnicas para lámparas de alta intensidad de descarga, utilizadas en la iluminación pública. Se debe de seguir trabajando en el desarrollo de esta normativa, como el de lámparas fluorescentes compactas eficientes y darle continuidad y prioridad a la elaboración de normas sobre motores industriales.
Por su parte, el Ministerio de Economía cumple una función normadora, a la vez que es el encargado de diseñar estrategias en materia energética; como por ejemplo, definir políticas energéticas, promover reformas para el fortalecimiento y mejora del mercado eléctrico del país. SIGET cumple con su rol de administrar y supervisar la competencia del mercado, para garantizar la seguridad jurídica, la inversión, el desarrollo y la competencia.
*Colaborador de El Diario de Hoy.