De nuevo, la Sala de lo Constitucional se encuentra bajo ataque. ¿Su pecado? Hacer bien su trabajo de admitir demandas ciudadanas y evaluar sus méritos bajo el lente de la Constitución de la República. Por admitir una demanda cuya resolución teme el partido en el poder, se ha desatado una campaña que pretende quitar de enmedio a los magistrados, que han logrado relevancia por su influencia en la institucionalidad del país, abriendo las puertas con sus resoluciones a mejoras democráticas como el voto por rostro y la despartidización de instituciones como la Corte de Cuentas, entre otras.
Por eso, ahora se enfrentan al tren de desinformación orquestado por quienes saben que la Sala es el mayor obstáculo contra sus intenciones de cooptar las instituciones con el fin de enconcharse en el poder. Y no es que el acto de criticar a la Sala esté mal: ninguna institución debería estar libre de crítica y la libertad de expresión que ampara a todo ciudadano, decididamente protege a cualquiera de emitir opiniones que critican a la Sala de lo Constitucional. Lo malo es cuando la crítica no es tal, sino campaña política, y lo que es peor, desde las instituciones del gobierno: de una rama del poder a otra, haciendo uso de las instituciones con fines políticos, con la misma desvergüenza con la que se hacía antes se sigue haciendo ahora.
Y es triste cómo ahora salir en defensa de la Sala, ya no es un evento aislado de protestas y pancartas como se hizo tras el decreto 743, sino más bien se está volviendo una actividad recurrente para la ciudadanía preocupada por la institucionalidad de El Salvador, pues los ataques son ya parte de la rutina en el país que muchos de nuestros gobernantes intentan dirigir con el rusticismo de una finca, la falta de seriedad de un circo, y la improvisación de un acto de comedia, con la diferencia de que los resultados serán trágicos y de largo plazo.
En un país donde existen tantas prioridades, como el combate a la pobreza y la búsqueda de la paz en nuestros barrios y colonias ahogados por la violencia, impresiona cómo para los dirigentes es más importante sacarse de enfrente a los magistrados de la Sala. La defensa ciudadana de la Sala por lo tanto, debe de dejar de ser esporádica sino tiempo completo y con miras al siguiente episodio importante: la elección de nuevos magistrados en 2018. Desde ya debemos estar atentos a que se escojan candidatos probos y competentes, que respondan a sus obligaciones constitucionales y no a titiriteros en los partidos, así, tendremos la tranquilidad de que quienes resulten electos sepan garantizar la protección de los derechos y el cumplimiento constitucional, si tenemos suerte, aunque sea con la mitad de la capacidad y compromiso que los actuales han demostrado.
*Lic. en Derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg