La semana pasada, Hato Hasbún y Eugenio Chicas, comisionado presidencial para la Seguridad y secretario de Comunicaciones de la Presidencia, respectivamente, encabezaron una conferencia de prensa en la que además participaron Benito Lara, David Munguía Payés y Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública, ministro de Defensa y director de la Policía, correspondientemente. La intención detrás de la inusual aparición del gabinete de seguridad ante periodistas fue, en esencia, presentar una reacción oficial ante las evaluaciones negativas sobre su gestión, durante el primer año de la administración de Sánchez Cerén, y las consecuentes críticas y reclamos ciudadanos que han generado una fuerte resonancia en diversos sectores sociales.
Las declaraciones ofrecidas por los funcionarios presentaron una mezcla de arrogancia e indiferencia velada, ante el sentir ciudadano expresado en los resultados de diferentes encuestas de opinión y evaluaciones técnicas. Dejaron claro que los resultados adversos les tienen sin cuidado y que ni se les cruza por la cabeza el modificar el abordaje operativo y estratégico de la crisis delictual o cambiar a los integrantes del equipo. Una y otra vez los encargados de la seguridad pública argumentaron que, aunque no lo parezca, tienen un plan y que, de acuerdo a sus evaluaciones, todo avanza como se había anticipado.
El rumbo correcto que tanto aseguran los voceros gubernamentales que tiene el aparato de seguridad, es precisamente lo que los ciudadanos no logramos identificar. No existe congruencia entre el discurso y las acciones estatales que lleve a confiar y apoyar en la posición del gabinete seguridad. Ni siquiera se observa una lógica estratégica entre las principales apuestas operativas enunciadas por el Gobierno, que aunque tratan de vender colectivamente como un abordaje integral, su enfoque ortodoxo las hace incompatibles y mutuamente nocivas en la práctica.
Además, ninguno de los personajes que protagonizaron la conferencia de prensa tiene las cualidades como para convertirse en el líder que logre trasladar convincentemente el discurso oficial en medio de la ola delictual que experimentamos y, mucho menos, para ordenar la casa y generar respaldo entre críticos, escépticos y los más afectados por la criminalidad. Por el contrario, casi todos los miembros del gabinete de seguridad son personajes desgastados cuya sola presencia genera desconfianza y, en algunos casos, hasta se asocia con incapacidad y mediocridad.
Las envidiables habilidades discursivas de Benito Lara y Eugenio Chicas y el relacionable estilo campechano de Hato Hasbún, bajo las actuales condiciones, no lograrán vencer a la incredulidad ciudadana, lejos de eso, la intensificarán. La situación es tan crítica que el amplio apoyo de la sociedad para controlar la criminalidad sólo se alcanzará si se da una profunda renovación y restructuración del gabinete de seguridad, que sea acompañado, además, de un cambio radical en la forma en la que se está abordando la crisis delictual.
La actual actitud del gobierno, evidente en la conferencia de prensa del equipo de funcionarios encargados de la seguridad pública, no augura buenas cosas para el futuro del país. Aunque el Ejecutivo trata de aparentar que es inclusivo, profesional y técnico en el esfuerzo anti-delincuencial, con pomposos discursos y espejismos como el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, acaban de trasladar lo contrario con su reacción ante las evaluaciones negativas, críticas y reclamos que marcaron su primer año de gestión. Prácticamente el gobierno empleó de nuevo, de forma velada, el repulsivo y divisorio “les guste o no les guste” de la administración que le antecede.
La ciudadanía, sin embargo, aún está a tiempo para hacer sentir su voz y, el gobierno, de ser lo suficientemente humilde para escuchar, entender y corregir. Es necesario mantener el dedo en el renglón y presionar porque el Ejecutivo trabaje en función de la sociedad y no se termine convirtiendo en una fábrica de trabajo para militantes del oficialismo, especializada en producir funcionarios inadecuados e inefectivos.
*Criminólogo.
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