El pasado lunes, en medio de un mar de críticas y evaluaciones negativas sobre su desempeño, Salvador Sánchez Cerén llegó a la Asamblea Legislativa para presentar el informe correspondiente al primer año de gestión de su administración. El país atraviesa uno de sus peores momentos y es imposible ocultarlo, especialmente al considerar el nivel sin precedentes que han alcanzado la criminalidad e inseguridad que afecta a la gran mayoría de salvadoreños todos los días. Ante este escenario, impresionan las habilidades que tienen el presidente y sus funcionarios para fabricar realidades ficticias, utilizando juegos de palabras y crasas mentiras, con las que intentan mermar costos políticos, disfrazar el mal estado de la nación y, al mismo tiempo, culpar de propiciar un ambiente de ingobernabilidad a quienes reclaman un mejor desempeño al Ejecutivo.
Las trayectorias políticas de la mayoría de voceros y funcionarios del oficialismo se caracterizan por su evidente don de oratoria y la impecable elección de palabras en sus intervenciones. Incluso Sánchez Cerén, siempre se destacó por su capacidad discursiva (mermada en los últimos años). Resulta sorprendente y condenable, sin embargo, que los servidores públicos utilicen esa habilidad para tratar de esconder la crisis en la que está sumergido el país. Ante la compleja e irrefutable realidad, es lógico que sus declaraciones presenten contradicciones y sean fácilmente rebatidas.
El presidente, durante su discurso en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, argumentó que su gobierno ha capturado a más de 10 mil pandilleros, desarticulado más de 200 estructuras delincuenciales y trasladado a miles de reos, tratando así de dar la impresión que su administración ha golpeado con contundencia y debilitado a las pandillas. Sin embargo, el panorama que intentó esbozar fue controvertido por el promedio de cerca de 20 homicidios diarios con los que inició su segundo año de gestión y, además, las declaraciones de varios funcionarios de seguridad que sostienen que la alta incidencia de homicidios que se ha registrado desde hace semanas es el resultado de una respuesta orquestada por las pandillas ante las operaciones del aparato de seguridad.
El que las pandillas tengan la capacidad de coordinar y dirigir una ofensiva delictual a nivel nacional tan radical, prolongada y dirigida, dibuja organizaciones muy diferentes a las que trató de proyectar el presidente. Esta discrepancia pone en dudad las cifras brindadas durante el discurso y lleva a inferir que éstas fueron calculadas de manera inadecuada o fabricadas con premeditación y mala intención.
Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia, afirmó a un rotativo que el actual gobierno no ha sido mediático. No obstante, uno de los principales logros citados por Sánchez Cerén fue la creación de batallones militares para combatir a las pandillas, una iniciativa reactiva, populista y mediática que busca explotar la desesperación de la ciudadanía sin ofrecer un impacto significativo sobre la criminalidad. Aunque el lunes el presidente pidió y prometió un diálogo sincero y desinteresado para resolver los principales problemas que aquejan a El Salvador, unos días antes, externó que no le importa que exista la percepción que su administración no está haciendo nada para resolver la crisis delictual.
La ciudadanía está cansada de funcionarios que manipulan la realidad y las crisis, con una visión partidaria que busca siempre beneficiar a institutos políticos y no a los salvadoreños. Crear realidades inexistentes para disfrazar temas tan críticos como la inseguridad y la criminalidad, ilustra perfectamente cómo los intereses partidarios predominan sobre los ciudadanos. El oficialismo debe de comprender que el problema delincuencial no se resolverá sin abordarlo de forma sincera y apolítica. La oposición, por otro lado, debe de comprender que no tiene que apostarle al fracaso del Ejecutivo (que le permita salir con creativos rótulos ante las cámaras durante eventos como el del lunes), sino a la adopción y éxito de medidas que logren proponer desde fuera del gobierno.
*Carlos Ponce
Criminólogo