Fuera del gremio de abogados y del ámbito académico, antes del 16 de julio de 2009, en El Salvador poco o nada se había escuchado sobre las actuaciones de la Sala de lo Constitucional, máximo intérprete y aplicador de la Constitución. A pesar de que varios pronunciamientos de relevancia política o académica entre 1984 y 2009, ha sido la labor de Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Óscar Pineda (presidiendo desde hace casi un año) la que puso en vitrina las facultades de un tribunal cuyo trabajo es defender la Constitución.
En los estados contemporáneos no basta con la creación de órganos fundamentales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la separación de poderes para asumir que existe un régimen jurídico democrático. Un aspecto fundamental de un Estado Constitucional de Derecho, para asegurar que este funcione y el equilibrado ejercicio del poder, es la existencia de una jurisdicción constitucional que desarrolle las facultades y límites de las diversas instituciones del Estado; la necesidad anterior es la que da lugar a la creación de Tribunales, Cortes o Salas Constitucionales –cualquiera que sea su denominación en distintas partes del mundo, pues al ejercer las mismas potestades son equivalentes– a quienes les corresponde frenar los abusos de quienes ejercen el poder.
En nuestro país, el control jurídico del poder se realiza conforme a lo establecido en los artículos 174, 183 y 247 de la Constitución, donde se manifiesta la facultad de la Sala de controlar la constitucionalidad de distintos actos jurídicos –mediante el proceso de inconstitucionalidad–, y conocer sobre la violación concreta de derechos fundamentales –a través de los procesos de amparo y hábeas corpus–. Así, la Sala de lo Constitucional tiene la potestad de decidir en última instancia la interpretación que obligatoriamente debe otorgárseles a las disposiciones constitucionales.
Todas estas consideraciones dogmáticas sobre la labor de una Sala de lo Constitucional han sido llevadas a la práctica por los magistrados que fueron electos para el periodo 2009-2018; en temas políticos se emitieron pronunciamientos que han dado un cambio radical al sistema electoral, pasando de una votación solo por bandera a la posibilidad de elegir los directamente a las personas que ocuparán el cargo de diputados, quitando el poder a las cúpulas partidarias y devolviéndoselo a su genuino dueño: la ciudadanía; sentencias sobre la limitación que debe existir a la partida de gastos imprevistos en el presupuesto general; diversas sentencias sobre la necesidad de realizar nombramientos de funcionarios honestos y competentes para dirigir instituciones como la Corte de Cuentas de la República, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, entre otras.
Pero no todos los pronunciamientos han sido de tipo político. Existe una variedad de sentencias en temas de derechos económicos y sociales que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entre estos pronunciamiento es posible mencionar los casos de derecho a la salud, derecho a la estabilidad laboral, libertad de sindicalización, derecho a la seguridad social, derecho al medio ambiente, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la autodeterminación informativa, derecho al honor, derecho a la libertad de empresa y libertad de contratación, por resumir algunas.
Al advertir las diversas facultades que tiene la Sala de lo Constitucional, surge la preocupación sobre las personas que ejercerán los cargos de magistrados de dicha Sala para el periodo 2018-2027. Ha sido noticia en numerosas ocasiones que diversos partidos políticos han jurado “no volver a cometer el mismo error”. Ese “error” puede ser traducido en no volver a elegir a personas que muestren independencia política partidaria en sus actuaciones judiciales y sujeción únicamente a la Constitución.
Es por ello que los ciudadanos salvadoreños debemos empezar a preocuparnos desde hoy por la elección de la Sala de lo Constitucional y dar nuestro aporte para que en 2018 no nos llevemos un susto. Debemos exigir a los diputados que se comprometan a mejorar los procesos de selección de funcionarios públicos, así como denunciar y protestar por las acciones poco transparentes que se pueden dar en el Salón Azul. Todos los ciudadanos debemos preocuparnos por el futuro de la democracia e involucrarnos en las elecciones y profesionalización de los funcionarios públicos, específicamente de los futuros magistrados de la Sala de lo Constitucional.
*Colaboradora de El Diario de Hoy.