Los nuevos legisladores deben aplicar un mejor y más efectivo control político sobre el resto de las instituciones del Estado. La tarea de los diputados no se limita a la aprobación de la ley. También es necesario que procuren su efectiva aplicación y midan los impactos que derivan de ella.
Algunos grupos parlamentarios evalúan el éxito de su labor en base al número de cuerpos legales ratificados. Esa creencia permite que los países padezcan de “fatiga legal”. Se trata de una “patología” en la que, no obstante la abundancia de leyes, la realidad refleja un alto grado de impunidad, un débil Estado de Derecho y una improductiva administración pública.
Además de aprobar, reformar y derogar las leyes, la Asamblea encuentra en la Constitución y en su reglamento interno el establecimiento de otra serie de instrumentos que facilitan su función contralora. La fiscalización de la gestión pública, el examen de ciertas decisiones controversiales de ministros y presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas, el impacto económico de las iniciativas legales de la presidencia y el respaldo para la profesionalización de los empleados y funcionarios del Estado, son solo algunos de los ámbitos en los que también es necesaria la intervención legislativa.
Todas son capacidades conocidas pero muy poco utilizadas por los parlamentarios. El Órgano Legislativo cuenta con una Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto que, entre otras funciones, persigue “verificar y evaluar las metas logradas según las memorias de labores que el Órgano Ejecutivo presenta a la Asamblea”. Esta es una herramienta muy valiosa para comprobar la eficacia de la administración pública. Sin embargo, año tras año, se reciben los informes de los ministros y el del presidente y no se dice ni se hace nada para corregir las deficiencias en la implementación de las políticas públicas.
Otro mecanismo de control es la aprobación del presupuesto general del Estado. El examen crítico del proyecto que presenta el Ministerio de Hacienda, principalmente por parte de la oposición, es muy pobre y no existe una denuncia periódica sobre el incumplimiento de las metas de ejecución. Debería realizarse un análisis técnico más riguroso que sugiera cambios y redistribución de dinero en función de las diferentes necesidades teniendo en cuenta que la Asamblea puede “disminuir o rechazar los créditos solicitados pero nunca aumentarlos”.
Tampoco hay una supervisión efectiva de los viajes del Presidente de la República ni una rendición de cuentas de los beneficios de ese gasto. Se ha instaurado, desde hace varios quinquenios, una mala práctica que consiste en otorgar al mandatario un permiso anual para ausentarse del país en cualquier momento y a cualquier destino de América, Europa, África, Asia y Oceanía, cuando lo correcto es el aval por cada desplazamiento presidencial al extranjero.
Las comisiones legislativas son otra instancia para auditar a los funcionarios. También sirven para identificar vacíos que es necesario regular con el propósito de mejorar el desempeño del Ejecutivo. Las hay permanentes, transitorias, ad-hoc y especiales. Las de mayor trascendencia son estas últimas. Lamentablemente han sido utilizadas para juzgar a los adversarios políticos y casi siempre en época electoral. Sus recomendaciones no son vinculantes y todo lo que se diga, afirme o rechace en el seno de las mismas no constituye prueba en ninguna instancia judicial.
Entre 2003 y 2006 estas entidades investigaron las anomalías en licitaciones realizadas por ANDA, las irregularidades en el ISTA, el caso de la corredora de Bolsa “operaciones bursátiles de Centro América”, el estudio de sistema de pensiones y las anomalías en el registro electoral. Entre 2006 y 2009 se constituyeron otras que perseguían examinar los sucesos ocurridos el día 5 de julio de 2006 en los alrededores de la UES, discutir sobre los precios de los combustibles y debatir sobre la disposición final de los desechos sólidos. Durante el período 2009-2014 se indagaron las actividades que podrían representar injerencia en los asuntos internos de Honduras, los abusos de la Inspectoría General de la PNC, la intoxicación por plomo en el Sitio del Niño, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 2009, el contrato suscrito entre CEL y ENEL y el destino de los fondos donados por Taiwán en los años 2003 y 2004.
Finalmente se encuentran las interpelaciones y los antejuicios. Son dos procedimientos que persiguen atribuir responsabilidades a determinados funcionarios. Hasta ahora, salvo contadas excepciones, su uso ha sido político partidario. Entre 1990 y 2014 se han realizado dos interpelaciones y cinco antejuicios. En dos de estos últimos se procesaron a diputados que una vez desaforados fueron condenados por la justicia.
Un buen uso de las disposiciones descritas mejoraría la imagen del Congreso y contribuiría a maximizar el desempeño del Ejecutivo y de las instituciones públicas en general.
*Columnista de El Diario de Hoy.