Durante la campaña electoral, el candidato oficialista prometió ubicarse a la cabeza del equipo que se encargaría de controlar la crisis delictual. Después de seis meses en el poder, Salvador Sánchez Cerén no había mostrado interés por cumplir con su compromiso. Esta semana, en medio de un agudo incremento de la criminalidad y de fuertes reclamos ciudadanos por su falta de liderazgo, el presidente intentó mermar las críticas a su débil involucramiento en el tema de seguridad pública. Convocó a los medios de comunicación para publicitar una reunión que sostuvo en el cuartel central de la Policía con funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y jefes policiales, para analizar la situación delictual y su abordaje. Esta acción mediática no logró el objetivo deseado, más bien complicó más la pobre imagen del Ejecutivo en relación al combate de la criminalidad.
Las imágenes del encuentro antes mencionado, difundidas por noticieros televisivos, revelaron, como en otras ocasiones, los duros embates que la edad ha tenido sobre el semblante y las habilidades de oratoria de Sánchez Cerén. La imagen física que proyecta el presidente es débil. La forma en la que se expresa, evidentemente afectada por su edad, hace que sus argumentos sean poco convincentes. Estos ineludibles déficits plantean duda de si la figura de Sánchez Cerén al frente del aparato de seguridad despierta esperanza entre la ciudadanía o todo lo contrario.
El papel del presidente en el combate de la criminalidad sería menos crucial si el gabinete respectivo estuviera compuesto por personajes creíbles, cuyas imágenes, trayectorias y habilidades compensaran las carencias del mandatario. El equipo de seguridad, no obstante, está conformado por personas que cuentan con poca credibilidad entre la ciudadanía. El ministro y viceministro de seguridad, por ejemplo, son personas cuya trayectoria partidaria los contamina con la mala imagen que tienen los salvadoreños de los políticos y partidos nacionales. También hay funcionarios que participaron activamente en la negociación propiciada durante la administración de Mauricio Funes, como el ministro de Defensa y el director general de Centros Penales, David Victoriano Munguía Payés y Rodil Hernández, respectivamente.
Las imágenes del presidente junto a funcionarios y mandos policiales, difundidas ayer, no despertaron esperanza entre la ciudadanía. La participación de Manuel Melgar en la reunión, exministro de seguridad bajo cuya administración los homicidios alcanzaron los niveles más elevados de la última década, agregó una capa adicional de ruido que acentuó los efectos negativos antes mencionados. Sin embargo, un factor aún más dañino fue una importante contradicción en las declaraciones de Sánchez Cerén, que difieren del discurso oficial sobre “la tregua”.
El mandatario, en congruencia con la posición gubernamental que se ha mantenido hasta la fecha, igual que su antecesor, distanció al Ejecutivo de “la tregua” declarando que en el pasado “hubo un entendimiento entre pandillas”, pero también afirmó “no podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas”. Esta es la primera vez que se acepta públicamente, aunque a medias, que existió una negociación entre el Estado y las pandillas.
La ambigüedad en relación a este tema es una de las principales razones por las que el aparato de seguridad no logra despertar esperanza entre los salvadoreños. La condena, sanción y castigo del pacto con pandilleros, todos sus componentes y quienes los formularon y ejecutaron, es una condición inevitable que debe de cumplirse para que se repare el daño generado en la confianza ciudadana para con las autoridades. Hasta que no se hable abiertamente de lo que se escondió detrás de “la tregua”, jamás se podrá dimensionar y entender el problema delictual ante el que nos enfrentamos. Hasta entonces los funcionarios hablarán el mismo idioma que las personas más afectadas y lograrán su apoyo.
*Criminólogo.
@cponce_sv.