Durante los primeros meses de “la tregua”, Fabio Colindres, Obispo castrense, tuvo un protagonismo importante en la estrategia mediática, diseñada por el gabinete de seguridad de Mauricio Funes, para vender a la ciudadanía las versiones oficiales sobre el traslado masivo de cabecillas pandilleros a presidios con regímenes de seguridad menos rigurosos. Mientras oficiaba una misa dentro de un centro penal, monseñor Colindres trató de restar importancia a la opinión de quienes se atrevían a dudar del discurso de las autoridades, describiéndolos como unos “cuatro gatos” escépticos y, de esa forma, tácitamente desató la condena moral de la Iglesia Católica sobre las posiciones críticas.
El 29 de marzo de 2012, este periódico publicó un editorial que titulé “El engaño más extraordinario de las pandillas”, en el que hice alusión a la descripción de jerarca religioso y, al mismo tiempo, me autoproclamé como uno de los “gatos” mencionados. Casi tres años después, el tiempo se ha encargado de develar lo que se escondía detrás del “engaño” al que hice referencia en mi título y, además, corrigió las cifras de monseñor Colindres. Ahora se puede afirmar, con mucha propiedad, que son solo “cuatro gatos” los que creen que durante la administración de Mauricio Funes el Estado no negoció con las pandillas.
El daño ocasionado por años de pactos oscuros entre autoridades y cabecillas de estructuras criminales apenas ha asomado la cabeza. El incremento calculado y deliberado de la incidencia delictual y la ofensiva pandillera que ha resultado en el asesinato de varias decenas de policías en los últimos meses, son sólo unas cuantas consecuencias derivadas de la nociva negociación. La magnitud del monstruo que creció y se escondió detrás del espejismo de “la tregua”, aún no se ha logrado dimensionar, ya que no ha desatado completamente su furia sobre el país.
Todo indica que El Salvador se encuentra en una coyuntura aún más crítica, que tiene el potencial de profundizar la crisis delictual. El gobierno ha tratado de marcar distancia de la negociación con las pandillas, aceptando que existió bajo la presidencia de Funes y asegurando que jamás formará parte de su estrategia. Sin embargo, existen fuertes indicios que sugieren que el Estado, en secreto, busca llegar a acuerdos con cabecillas pandilleros.
El periódico digital elfaro.net, en este contexto, hace unos días, publicó una nota en la que desmiente al gabinete de seguridad en relación a lo divulgado en su esfuerzo mediático por distanciarse de la negociación propiciada por el gobierno de Funes. El artículo asegura que, contrario a la percepción que ha tratado de generar el Ejecutivo, los principales cabecillas de las pandillas siguen en penitenciarías que operan bajo régimen regular y no ha sido trasladados al penal de máxima seguridad. Esto es congruente con información similar difundida por periodistas en redes sociales y otra manejada en círculos de inteligencia y seguridad.
La intención de mentir en algo tan sensible y condenable (considerando que estos jefes pandilleros están vinculados al asesinato de tantos policías), hace muy difícil confiar en la sinceridad de iniciativas como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Mientras existan acuerdos entre Estado, funcionarios o políticos y cabecillas de estructuras delictivas, no habrá disposición para dejar de sólo aparentar que se está resolviendo el problema y pasar realmente a atacarlo de manera frontal.
La judicialización de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República es clave para cortar este nexo. Es necesario estar vigilantes ante cómo la aparente agenda oculta del Ejecutivo puede afectar las probabilidades de que el caso se procese en los tribunales. Ahora que se ha aceptado que hubo una negociación, es imperativo exigir resultados concretos.
Criminólogo.
@cponce_sv