Recientemente fue presentado un nuevo Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia que fue descrito por el Presidente de la República como “un espacio de diálogo democrático para construir consensos y articular acciones entre el Estado y los sectores sociales”. En el pasado, el Poder Ejecutivo ha hecho un uso político de los Consejos mostrando a través de ellos su voluntad de hacer frente a los problemas de seguridad que vivimos. Esta vez, es probable que el esfuerzo se encamine en la misma dirección; no obstante, un esfuerzo de carácter político no necesariamente debe ser visto peyorativamente. En el tema de la seguridad la dimensión política no sólo es importante sino que necesaria.
Lo político puede hacerse bien o mal. El Consejo actual ha nacido bien en el sentido de que, en relación a esfuerzos anteriores, la cantidad de sus integrantes es mucho mayor. La amplitud es una dificultad si se le concibe con propósitos técnicos, pero es una ventaja si se le concibe como un elemento político del proceso. La numerosa composición del Consejo expresa la generalizada voluntad que existe en los sectores sociales convocados de participar en el esfuerzo por remediar nuestra epidemia de inseguridad. Solamente eso es ya un buen principio. Pero ahora, viene la parte más importante que es demostrar que se posee la habilidad y la audacia para lograr que ese capital ganado se encamine cohesionado hacia acciones concretas de solución. Un aspecto esencial de esas acciones es la ineludible y urgente asignación de fondos para auspiciar y replicar modelos probados de prevención de la violencia.
No debemos esperar sorpresas del Consejo en términos de diagnóstico y de recomendaciones. Todo está dicho y muy repetido por buena parte de los mismos miembros del Consejo. El asunto vital es ¿finalmente se asignarán los recursos que se necesitan para desmontar los factores de riesgo de la violencia? Se requiere mucha habilidad política para lograr apoyos extranjeros pero todavía más para lograr que el financiamiento se refleje en el presupuesto general de la nación y sea aprobado por la Asamblea Legislativa. Todo comienza con hacer del tema de la seguridad no una de las prioridades sino la prioridad del Estado. Sólo en esa dimensión es que se producirá la sinergia para que los recursos fluyan y comiencen a impactar en los niveles violentos de exclusión. Pero eso, no se puede lograr sino sólo con amplios apoyos sociales. He allí el más grande desafío de la figura del Consejo.
No es el PNUD, la OEA ni la Unión Europea quienes deben tomar la conducción política del Consejo; no es ese su papel y tampoco les corresponde. Definitivamente le corresponde a la Presidencia de la República. Le es esencial asumir, en la práctica, la conducción del importante capital político con que el Consejo nació, para fortalecerlo y convertirlo en el rompehielos que abra paso y motive un gran esfuerzo nacional. Eso no es utilizar el Consejo o a sus miembros, es hacer uso eficiente del peso social que representa. Si se deja escapar el “momentum” el Consejo sólo será una serie más o menos prolongada de reuniones periódicas que producirán muy buenos diagnósticos y acertadas recomendaciones mientras, en la calle, cada día, se continuará escribiendo la misma historia roja de las últimas dos décadas.
*Colaborador de El Diario de Hoy.