El peligro está ahí, a la vuelta de la esquina. El 26 de septiembre fue un viernes cualquiera, pero no para 43 estudiantes mexicanos que fueron capturados a la salida de sus clases en la Escuela Normal de Ayotzinapa, y a la fecha aún no han regresado a sus casas. Era desconcertante imaginar cómo pueden desaparecer 43 estudiantes en un pequeño pueblo del interior de México, pero unos días después todo se aclaró: estos jóvenes fueron capturados por agentes de la policía comunitaria y asesinados por una organización criminal.
“FUE EL ESTADO” era el mensaje de protesta que iluminó la emblemática Plaza El Zócalo hace unas noches, dado que las investigaciones han sacado a la luz la participación del alcalde de la localidad, políticos y varias autoridades municipales. Este caso es una muestra más de la toma de las instituciones públicas por parte de organizaciones criminales. La captura de los cargos públicos no es algo nuevo en México y es una situación resultado de una ciudadanía que se olvidó de las instituciones (si alguna vez estuvo interesada) y de ciertos grupos de poder que capturaban las instituciones para sus beneficios. En México, antes eran los militares y grupos económicos los que utilizaban el poder público, ahora son los narcos, ¿y en El Salvador?
En nuestro país tenemos nuestros propios hechos lamentables, tales como el incendio del microbús de la ruta 47 en Mejicanos o la tasa de 27 homicidios de niños por cada 100,000 habitantes, según un reciente informe de la UNICEF. Además, las capturas de diputados, alcaldes y funcionarios públicos relacionados con el narcotráfico deben ser una señal de alerta. Debemos actuar pronto, antes que sea muy tarde.
“Es el Estado” pero también somos nosotros quienes dejamos solo al Estado, debido a la apatía o desidia o abuso del Estado mediante la corrupción o compadrazgos. Por ello, la iniciativa del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia es una esperanza para coordinar esfuerzos entre la cooperación internacional, instituciones públicas, gremiales empresariales y sociedad civil, dado que la única solución a este grave problema es la coordinación de todas las ideas, energías y recursos encaminados a la prevención, combate al crimen y rehabilitación.
Por ello, hago dos aportes: uno, incluir más análisis al debate público. Es momento de trascender las “populares” medidas de la pena de muerte o estado de excepción, y buscar datos que describan la realidad y ayuden a decidir adecuadamente, por ejemplo: ¿adónde y cuántos delitos cometen las pandillas, los narcos, estructuras organizadas o ciudadanos comunes?, ¿cómo abordar el delito de la extorsión, si también funciona como un “seguro social” de muchas familias?, ¿adónde albergar a más reos si el sistema penitenciario ha colapsado?, etc.
Dos, es urgente revalorizar lo público. Un elemento descuidado en las políticas de seguridad es la generación de una cultura que evite que los cargos públicos sigan siendo capturados por otras entidades (partidos políticos, grupos empresariales, criminales, etc.). Para revertir esta situación, dos medidas inmediatas son la aprobación de una Ley de la Función Pública, que regule la carrera administrativa, y la aprobación de la reforma legal que regule el financiamiento de los partidos políticos y candidaturas no partidarias.
El peligro ya está aquí. Debemos actuar rápido porque la frase #AyotzinapaSomosTodos es cada vez más real en El Salvador.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
@lapapaguzman