” No me alcanza para el súper”, es una de las frases que muchas cabezas de hogar temen escuchar de sus parejas en estos días, pero parece una frase de uso común en los hogares salvadoreños y pocos conocen que uno de los motivos por el que las escuchan es por las políticas tributarias adoptadas por el Gobierno.
Una de las características de la política tributaria –no sólo en El Salvador sino que se ha convertido en una tendencia omnipresente en esta latinoamericana, que ha dado un golpe de timón a la izquierda– ha sido la de tratar de suplir las deficiencias en el nivel de la carga tributaria mediante la creación de gravámenes poco convencionales que generen amplia recaudación, sean de fácil manejo administrativo y ofrezcan pocas posibilidades de evasión. Frente a estas ventajas, los efectos nocivos de tales normas así como su impacto sobre la eficiencia del sistema tributario, han sido minimizados o considerados de menor importancia frente a la posibilidad de obtener mayores ingresos fiscales para el Estado. Es decir que se optó por las “salidas fáciles”, inmediatistas, tendientes a lograr un aumento en la recaudación que permita alcanzar ese tan urgente “balance fiscal del presupuesto” tan cargado de gastos, sin apreciar suficientemente los costos económico-sociales, que ocurren principalmente a nivel micro económico en la menguada economía de las familias salvadoreñas, ya que se traduce en un aumento de precios de la canasta básica.
Algunos de los nuevos tributos decretados por el Gobierno se han orientado a gravar los activos brutos o ingresos brutos de las empresas, pero el que más impacto ha tenido sobre la economía de los hogares salvadoreños, ha sido el impuesto sobre las actividades financieras aplicados sobre los débitos y/o créditos en las cuentas bancarias, o bien sobre la misma operatividad de la banca, como es el caso del Impuesto a las Operaciones Financieras (LIOF), comúnmente llamado “impuesto al cheque”.
Al respecto, el Impuesto a las Operaciones Financieras, con diversas denominaciones en los países, ha tenido un crecimiento importante a nivel internacional durante las dos ultimas décadas: mientras que en 1996 sólo se aplicaba en un país de la región del Asia-Pacífico (Australia), hacia el año 2005 la cantidad de países que utilizaban este tipo de tributos se había extendido a un máximo de 13, dentro de los cuales 8 correspondían a países de América Latina, destacándose los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Perú_, y últimamente Honduras y El Salvador, como los más significativos.
Ha sido señalado por importantes sectores de la economía nacional, que los impuestos sobre las operaciones financieras tienen impacto negativo sobre la eficiencia económica ya que por el lado del consumo, incrementa el precio de venta final al consumidor respecto a aquellos bienes con “múltiples etapas productivas” o que requieren “mayor rotación de recursos financieros”, ya que al tener la característica de un tributo sobre la liquidez y sobre la intermediación financiera, genera un aumento del costo de la producción así como del costo de distribución, lo cual, invariablemente, acaba trasladándose al consumidor vía un aumento de precio de venta al detalle. Adicionalmente, a parte de ser un generador de inflación, otro de los efectos nocivos de la norma es el de ser un “desalentador” de la bancarización de la economía, ya que la misma actúa como un “incentivo negativo” a la formalización de la misma, ya que ciertos sectores de la economía –principalmente el informal tratará de evitar la banca como un intento de “escapar” a la incidencia del impuesto, lo cual tiene el efecto boomerang nocivo para la Hacienda Pública al afectar la recaudación del resto de tributos.
Ha sido relativamente fácil para los políticos que promueven tales normas, “vender” la idea de que se trata de un “impuesto a los ricos” –lo cual resulta muy fácil de transmitir al electorado–, ya que las personas de menores recursos económicos típicamente no tienen acceso a la utilización del sistema bancario y por lo tanto no resultan alcanzados de forma inmediata por el impuesto, librándose así del impacto progresivo del tributo; pero no se debe olvidar que habrán de manifestarse efectos secundarios (o impactos indirectos) dados por el aumento de costos de producción que se deriva en un aumento de los precios de los bienes producidos/comercializados por los sectores afectados. Este impacto se caracteriza como “regresivo” al estar afecta al pago del tributo la totalidad de la cadena productiva de los mismos, siendo que ese aumento de “costos fiscales” redunda en un aumento los precios de bienes de consumo al detalle, que se conoce comúnmente como “inflación”, lo cual, invariablemente sufrimos todos los consumidores y entre ellos, los más pobres que –paradójicamente– habían sido expresamente exonerados del pago del impuesto por parte de los legisladores.
Por lo general, la defensa que se hace de la introducción de estos tributos utiliza argumentos de “emergencia”, de “urgencia” en la necesidad de obtención de fondos para financiar los diversos proyectos y gastos del Estado, no obstante debe ser entendido que si bien es cierto tales medidas generan importantes montos a nivel de una recaudación inmediata, dicha recaudación tiende a decrecer en el tiempo a causa de que la base tributaria decae debido a la desintermediación financiera o al desarrollo de mecanismos de elusión, de ahí que se recomiende que la implementación de tales medidas impositivas se haga sobre bases temporales para financiar aspectos puntuales y coyunturales de los países en que son aplicadas, para eventualmente –una vez superados tales puntos– ser derogados, lo cual obviamente no ocurrirá en El Salvador: si un impuesto llega, es para quedarse.
No es un tema de “opinión” o de “óptica” el hecho que la implementación de la Ley de Impuesto a la Operaciones Financieras generará una dinámica inflacionaria en El Salvador, ya que, diga lo que se diga, el “impuesto al cheque” lo acabamos pagando todos y si, también los salvadoreños más pobres; así que la próxima vez que escuches “mi amor, no me alcanza para el súper”, ya sabes a quién reclamarle… con tu voto.
*Colaborador de El Diario de Hoy.