Tremendo embrollo hay en España luego que la Audiencia de Palma, la justicia de ese país, decidió mantener la imputación de la infanta Cristina, hermana del Rey Felipe e hija del abdicado Juan Carlos I, acusada de delito fiscal en el marco de la instrucción del llamado Caso Noos, en que está implicado su esposo, Iñaki Urdangarin. La casa Real, a través de un portavoz oficial, ha reaccionado de manera contundente y plantea “su respeto absoluto a la independencia del poder judicial”.
Dos cuestiones en torno a este tema: uno, en democracias maduras o estables este tipo de caso puede generar todo tipo de reacciones, de unos y de otros, de los de arriba y los de abajo, los de izquierda, derecha o centro, exponiendo con libertad su opinión sobre el caso. Por supuesto, y ustedes pueden ver en Internet las publicaciones de España y verán cualquier variopinto de opiniones.
Y dos, más allá de las opiniones que puedan tener moros y cristianos, la institucionalidad funciona y funciona con todos los cabales de tal forma que la justicia, en este caso, actúa sin importar que la “imputada” sea de la misma familia real. La casa real sin mayor aspaviento reafirma que será la justicia la que debe hablar y que sin duda alguna acatará el fallo.
Me imagino, porque en todos lados se cuecen habas, las presiones explícitas, implícitas o de auto regulación aflorarán y la mano del juez en no pocos momentos le habrá temblado para actuar según derecho. Pero lo importante es que el juez actuó con decisión como también ha ocurrido en otros casos ocurridos en España donde han estado involucrados políticos de relieve, artistas de renombre, sindicalistas de altos vuelos en casos de corrupción.
A partir de este hecho quiero plantear un par de reflexiones, no de España sino de El Salvador; la cobertura noticiosa de este tipo de escándalos, que tocan directamente al poder, requiere y supone diferenciar varios aspectos: las instituciones y la institucionalidad son las que marcan el proceso, en este sentido, más allá de que me guste o no me guste, que la población esté o no encendida por el escándalo, el que marca el camino es el juez, la fiscalía, la policía, o los tres; pero, nunca la prensa ni mucho menos las fuerzas de poder que apoyan o están en contra de los imputados.
En este sentido, como ejemplo que deben tomar en cuenta los periodistas, el imputado es eso, imputado y en cuanto tal, tiene derechos, entre otros, a la presunción de inocencia que indica que el acusado es inocente siempre y cuando no haya sentencia condenatoria en su contra. Para llegar a este final, donde se produzca la condena, hay un proceso que inicia en la investigación pasando por la audiencia inicial y termina con una resolución en firme.
Otro punto, relacionado con esto, tiene que ver con las partes del proceso, particularmente me refiero a las opiniones, la mayoría de veces interesadas, de los actores que están a favor o en contra de los imputados y que, de alguna manera, rodean el caso.
En El Salvador, los opinadores, que son muchos y muy variados, y con bastante exposición en los medios suelen hablar de “vistas y oídas”, como decía un viejo comunicador, muchas veces sin entrar al fondo de los sucesos, mucho menos indagar a conciencia sobre los casos. Eso sí, suelen pontificar a favor o en contra. En este apartado más de algún comunicador se va en la colada y, aprovechando su labor informativa, lanza sus diatribas en favor o en contra de los imputados. En este punto, también suelen sumarse organizaciones de muy variado tipo y color, que, a menudo, también tienen espacios en los medios informativos.
Esto se complica aún más cuando las opiniones están mediadas por lo político partidario, mezclando la opinión política con el cuestionamiento de la institucionalidad lo cual implica poner en tela de juicio el mismo sistema. La decisión de un juez puede gustar o no, pero esto no quiere decir que se trata de una decisión amañada, fruto de una gran conspiración, para salvar o condenar a un imputado.
En este mar picado, con ventiscas propias de los opinadores, de las organizaciones políticas partidarias o simplemente de los interesados en atacar o defender un caso, la prensa tiene que actuar e informar; la tarea no es fácil, se requiere, no sólo una claridad meridiana sobre lo que es informar, sino también documentarse en forma adecuada para sortear cada uno de los pasos que implica el proceso judicial. Lo anterior se complica todavía más cuando los imputados, los involucrados en el caso, son personas notables.
* Editor Jefe de El Diario de Hoy.
ricardo.chacon@eldiariodehoy.com