Las diferentes encuestas de opinión pública coinciden en señalar que el pobre desempeño de la economía, junto a la violencia, son los problemas que más preocupan a la población salvadoreña.
En congruencia con ello, las preguntas que con más frecuencia se nos hacen a los economistas son: ¿por qué estamos como estamos? ¿Si vemos que en el futuro la situación va a mejorar o a empeorar? Y ¿qué hacer para sacar al país de esa situación? En otras palabras lo que nos piden es que actuemos como médicos, haciendo primero un diagnóstico que vaya más allá de los síntomas que muestra el paciente, que en este caso sería la economía del país; que luego formulemos un pronóstico, y, por supuesto, que también recomendemos un plan de tratamiento.
En cuanto al diagnóstico, lo que más le preocupa a la población son las pocas oportunidades de trabajo digno, ya que más de la mitad de su población laboral se encuentra subutilizada y ni siquiera tiene empleo formal. Preocupa, además, que aunque la inflación sea baja, los salarios tienden a perder poder adquisitivo. Complementariamente, a un nivel más especializado, las principales preocupaciones son: que la economía crece a menos de 2% y que presenta serios desequilibrios en el sector fiscal (gasto público superior a los ingresos y deuda púbica creciente), en el sector privado (inversión mayor que el ahorro, pero a tasas sumamente bajas de ambas variables) y en el sector externo (importaciones mayores que las importaciones y balanza de cuenta corriente negativa). Entre las causas inmediatas de estos problemas estarían el clima de polarización política, la falta de entendimientos entre el gobierno y la empresa privada, la excesiva tramitología, la delincuencia y la adopción de un modelo incongruente con la macroeconomía del país. Sin embargo, en un plano más estructural, las causas principales serían que se ha ignorado que la verdadera fuente de riqueza del país está en su gente, y que, en consecuencia, la política pública ha descuidado los ámbitos clave para que la gente desarrolle y aproveche sus capacidades, como son el hogar, la comunidad, la escuela y el trabajo.
El pronóstico es que si no se hacen ajustes oportunos y en la dirección requerida en las políticas públicas (económicas, sociales, culturales y de gobernabilidad), los problemas socioeconómicos y políticos, no solamente no se resolverán, sino que podrían acentuarse todavía más.
El plan de tratamiento sugerido en el Informe sobre Desarrollo Humano de El Salvador es un ajuste expansivo que combine la adopción de medidas de austeridad y reactivación económica. Por ejemplo, para corregir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos recomienda la creación de un fondo de promoción de apuestas productivas financiado con aportaciones obligatorias (entre 1 y 5%) aplicado sobre el valor de la producción interna y las importaciones, cuya recaudación se utilizaría para brindar incentivos (acceso a tecnología, investigación, desarrollo de nuevos mercados, asistencia técnica, desarrollo de marca) a productos que sustituyan importaciones o amplíen y diversifiquen las exportaciones. Este fondo podría ser alimentado también por impuestos aplicados al consumismo. Así mismo, para mejorar las cuentas fiscales y elevar los niveles de ahorro e inversión se sugiere la creación de tres fondos: 1) Un Fondo de ahorro obligatorio para vivienda, que comenzaría con el aporte de cierto porcentaje del salario de los trabajadores que sería complementado con un aporte similar de parte de los empleadores. La idea es que mientras los dueños de estos recursos no hayan acumulado lo suficiente para la prima de su vivienda, se permita que estos se utilicen exclusivamente para financiar una diversidad de obras públicas, tales como presas hidroeléctricas, carreteras y otras que contribuyan a superar los débiles equipamientos de la economía en infraestructura (i.e. recuperación de centro histórico, metro, canal seco). 2) Un Fondo de apoyo para viviendas de interés social, el cual se podría financiar mediante el establecimiento de una tasa de recuperación de plusvalías (como en Colombia), donde cada vez que hay un proyecto de obra pública de gran envergadura y se valorizan los terrenos de los alrededores, parte de esa revalorización es trasladada al Estado mediante la aplicación de dicha tasa. Lo recaudado a través de la aplicación de esta tasa sería destinado a otorgar subsidios para la construcción o mejoramiento de viviendas de interés social bajo el sistema ABC (ahorro previo, bono o subsidio y crédito). 3) Un Fondo para el mejoramiento de la infraestructura social de los municipios, el cual podría financiarse con la introducción del impuesto predial y estaría orientado principalmente al mantenimiento de la red de calles urbanas, caminos rurales, espacios públicos e infraestructura comunitaria. La novedad de estos Fondos es que al mismo tiempo que ayudarían a reducir los desequilibrios en el sector externo, las finanzas públicas y el sector privado, contribuirían a reactivar la economía y a crear empleos.
* Economista Jefe PNUD.