Esta semana, el gobierno lanzó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), en un esfuerzo por revertir la desfavorable opinión ciudadana, revelada por encuestas recientes, sobre el abordaje oficial de la crisis delictual salvadoreña. Las autoridades aún no han dado a conocer el listado completo de quiénes forman parte del CNSCC, pero las notas periodística sobre el tema aseguran la participación de dirigentes de gremiales empresariales, líderes religiosos, académicos y partidos políticos.
La iniciativa, además, cuenta con el apoyo de organismos internacionales, entre los que se destacan el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Robert Valent, representante del PNUD, durante su discurso en el lanzamiento, señaló que su institución y otras similares servirán dentro de la secretaría técnica del CNSCC y, por lo tanto, brindarán asistencia para la interlocución entre participantes y facilitarán el diálogo.
El Ejecutivo está ante una oportunidad de oro que puede posibilitar la creación de un frente común y formar así una amplia alianza ciudadana, exclusivamente enfocada en controlar y erradicar el grave problema de inseguridad que persiste desde hace años en El Salvador. Es un gran reto. Fracasar significaría crear las condiciones que impidan o dificulten en extremo poder intentar de nuevo en el futuro.
Hasta el momento, lo que resulta interesante, alentador y atractivo del CNSCC es la amplia respuesta positiva a la convocatoria gubernamental. Existe una alta dosis de entusiasmo y profundos deseos de que se logre domar al monstruo que se fortaleció en exceso durante el último gobierno, como consecuencia de la negociación propiciada por la administración de Mauricio Funes con cabecillas pandilleros. Importantes sectores y actores sociales le han dado el beneficio de la duda a la iniciativa del Ejecutivo y, abandonado actitudes escépticas y convicciones ideológicas, están dispuestos a adoptar una actitud patriótica y trabajar unidos por el bien común.
La postura de la mayoría de salvadoreños fue transmitida fielmente por el fiscal general de la República, Luis Martínez, quien asistió al evento y señaló que nadie quiere que se “repitan otros procesos que llenan de mucha vergüenza a la población y que ahora son proyectos fracasados, perversos y llenos de mucha oscuridad”, en clara referencia al pacto pandillero materializado en el último quinquenio. Además, advirtió que: “En el momento que yo veo que las cosas no van bien, me salgo”. Esta última frase ilustra la desconfianza generalizada, heredada por el engaño de “la tregua”, y la consecuente rapidez con que el gobierno se puede quedar solo en el CNSCC si los participantes no perciben que las cosas van por el camino correcto.
La confianza depositada por la ciudadanía en la iniciativa debe ser sagrada para el gobierno, ya que es su último as bajo la manga que puede ayudarle ganar la batalla contra la criminalidad. Sin embargo, a menos de veinticuatro horas del lanzamiento del Consejo, afloran las primeras contradicciones. Hato Hasbún, secretario de Gobernabilidad, por ejemplo, explicó el martes recién pasado, en el programa matutino de entrevistas Frente a Frente, que el CNSCC no es un foro en donde los participantes llegarán a discutir o dialogar sobre el problema delictual y sus posibles abordajes, sino un espacio a través del cual pueden hacer llegar sus propuestas de solución al Ejecutivo. La mecánica esbozada por Hasbún es muy diferente a la descrita por Valent del PNUD, ya que elimina el debate entre diferentes sectores y visiones, erosionando así la capacidad de llegar a consensos y, por lo tanto, limitando la robustez del apoyo ciudadano.
Esta primera etapa es oportuna para que los sectores participantes, al igual que el fiscal general, dejen clara su postura ante la posibilidad de que exista falta de transparencia o la intención de engañarlos. Estamos a tiempo de corregir esta iniciativa que tiene tanto potencial.
*Criminólogo.
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