Aprincipios de mes, The Economist publicó un artículo en el que plantea la espinosa cuestión acerca del papel que los gobiernos de los diferentes países deben tomar para enfrentar la prostitución en la era de Internet, tomando en cuenta que ahora comprar o vender sexo por medios cibernéticos hace casi imposible el control de esa actividad.
Muy en línea con su pensamiento la revista concluía que tanto prohibirla, como penalizar a los clientes, resulta siempre improductivo; por lo que se decanta por tratar el problema como una actividad comercial más, dejar que oferta y demanda regulen el mercado, y proponer que los gobiernos sean espectadores con misión: regular abusos y garantizar las condiciones para que haya libre mercado.
Una vez garantizado, el autor del artículo recomienda que los gobiernos se enfoquen más en disuadir y penalizar los delitos asociados: pornografía infantil, explotación de personas, inmigración ilegal, drogas, etc. Todo sobre el supuesto de dejar en paz a las personas adultas y libres que deseen comprar o vender esos servicios. Como un negocio más, y ya está.
Esas consideraciones me trajeron a la memoria la tesis de Michael Sandel, profesor de Harvard, quien destaca el hecho de que globalmente estemos pasando de economías de libre mercado, a sociedades de libre mercado, pues –sostiene– hoy en día prácticamente todo se puede comprar, y coherentemente, todo puede ser puesto a la venta.
Lo que termina por hacernos pensar con una lógica peculiar, con una nueva sensibilidad en la que ya no hay consideraciones morales: lo inmoral o lo moral carece de sentido, pues si el mercado es lo único importante (ganar dinero es lo que cuenta), todo se vuelve amoral, pues el dinero en sí no es más que un instrumento.
Pero el mercado, y cualquier actividad en la que intervenga la libertad, no puede no tener un trasfondo ético. Empezando por la tolerancia (concepto ético desde su médula) que The Economist pide para los gobiernos, y terminando en la consideración de que no solo el gobierno tiene responsabilidad en el clima moral en la sociedad, sino también todos nosotros, los que vivimos en la ciudad.
Oponerse a dejar sin regulación actividades que objetivamente causan daño a las personas (aunque las hagan con pleno uso de su libertad), a las familias y a los menores, no es convertirse en “moralistas” a secas, o insolidarios, al querer imponer las propias convicciones a los demás.
Proponer que la prostitución, el comercio y uso de la mariguana –tan de moda en ambientes liberales–, o el surgimiento de “modelos” de familia que desfiguran y alteran la familia misma, deban ser regulados por la sociedad civil por medio de las instituciones gubernamentales (para citar tres casos), no es volverse sin más “moralistas”. Es evitar que padres de familia, educadores, y todos los que tienen encomendada la importantísima misión de preparar las nuevas generaciones, tengan enemigos domésticos, que desbaraten su trabajo formador.
La idea según la cual negocios son negocios, y que tanto la droga como la prostitución deberían enfocarse con una lógica económica para controlar sus efectos dañinos está muy extendida. Pero tratar simplemente como negocio una actividad que perjudica a las personas, no resuelve los problemas de salud, de adaptación social, de fracasos familiares, adicciones, etc., que conlleva.
Mal se combate el moralismo con amoralismo. Puede ser que el mercado funcione mejor que el Estado, pero no es responsabilidad del mercado proteger a los más vulnerables, promover la dignidad de hombres y mujeres, o garantizar los derechos de las personas.
Entonces, fumar o no mariguana, despenalizar su consumo y distribución, resultan ser decisiones que trascienden el ámbito personal, así como las competencias propias del mercado y del Estado.
*Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare