Resulta difícil describir fehacientemente las sensaciones que experimentamos los amantes del café, cuando disfrutamos una taza caliente de nuestra variedad preferida, en el momento perfecto. El instante predilecto varía, pero siempre le antecede un ritual que culmina en el consumo de una humeante taza de café con el sabor ideal. El gusto, la temperatura y el contexto, juegan un papel importante para garantizar la satisfacción en este tipo de rutina planificada.
Cualquier entusiasta del café, ante una variación en estos elementos, está consciente que lo más probable es que su experiencia esté por debajo de la que disfruta de forma cotidiana. Por ejemplo, una persona que goza y espera la taza de café que prepara en la mañana para leer el periódico antes de irse al trabajo, sabe que la que le servirán durante la reunión en la oficina nunca se comparará a esa mañanera. Sin embargo, aunque no sea de su completo agrado y no despierte anticipación alguna, se tomará ese café en la oficina.
La actitud de los salvadoreños para con el nuevo gobierno se parece mucho a la que se tiene por una insípida y corriente taza de café de oficina, ya que no ha logrado despertar el entusiasmo de la ciudadanía, que anticipa que su experiencia bajo el mandato de Sánchez Cerén será insatisfactoria. Así lo sugieren los resultados de la más reciente encuesta de La Prensa Gráfica, en la que el presidente fue evaluado con la nota más baja de los últimos diez años, obteniendo una aprobación de apenas 39.9%. Además, la medición indica que la mayoría opina que Sánchez Cerén no está cumpliendo lo que prometió durante la campaña (58.3%) y no está ayudando a resolver los problemas económicos (64.3%) y la inseguridad (65.1%).
Particularmente en el área de seguridad pública, como lo he advertido anteriormente, Sánchez Cerén ha tomado decisiones que dificultan o inhiben la generación confianza y credibilidad en sectores clave, necesarios para propiciar el acompañamiento ciudadano para controlar la crisis delictual heredada por Mauricio Funes y el primer gobierno de su partido.
El nombramiento de un reconocido militante radical del partido de izquierda como ministro de Justicia y Seguridad Pública y el lenguaje ideológico utilizado por altos mandos policiales durante sus intervenciones públicas, en principio, alejan a un sector importante de la sociedad e inyecta una alta dosis de escepticismo y desconfianza. Sin embargo, la mayor fuente de pesimismo ciudadano e incredulidad se deriva de la posición, hasta hace poco ambigua del Gobierno en relación a la negociación con cabecillas pandilleros propiciada por la administración de Mauricio Funes, bautizada mediáticamente como “la tregua”.
Hasta hace algunos días, los funcionarios de seguridad no hablaban ni bien ni mal de “la tregua”, pero dejaban espacios abiertos para poder retomarla. La semana pasada, no obstante, el discurso se tornó más en favor de “la tregua” y, coincidentemente, los cabecillas de las más poderosas y violentas pandillas del país emitieron un comunicado informando que “la tregua” iniciaría una segunda fase, documento que, según un periodista publicó en su cuenta de las redes sociales, fue elaborado en la computadora de Raúl Mijango, personaje investigado por la Fiscalía por su rol en la oscura relación entre funcionarios con las pandillas.
La consolidación y profundización de esta nociva interacción extorsiva entre el Estado y estructuras criminales, augura menos transparencia y, por lo tanto, menos confianza y esperanza en el gabinete de seguridad. Esta situación era previsible, considerando la proximidad e importancia de las elecciones del 2015. Independientemente de las preferencias partidarias, este es un camino por el que a nadie le conviene que el país transite y, por lo tanto, el reclamo al gobierno, funcionarios y políticos debe de ser generalizado y orientado a que se cambie el rumbo estratégico del gabinete de seguridad.
*Criminólogo.
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