Las últimas dos elecciones, celebradas en 2012 y en 2014, presentaron un alto grado de calidad y transparencia. Los ciudadanos conocieron, en tiempo real, el apoyo obtenido por cada partido y vigilaron el procesamiento de los resultados de la votación. En el caso de los comicios legislativos y municipales, el sistema de transmisión de datos le permitió al electorado contabilizar los escaños obtenidos por las fuerzas políticas e identificar a los candidatos que se agenciaron la mayor cantidad de marcas asegurándose un curul en la Asamblea Legislativa.
El sistema también ha mostrado un significativo progreso en el acercamiento de las urnas a los domicilios de los votantes. La aplicación gradual del voto residencial a partir de 2006, aproximó las urnas a los hogares de los electores y si bien persisten varios aspectos prácticos que deben mejorarse, la facilidad en el acceso a los centros de votación representa un incentivo para acudir a votar.
En general puede afirmarse que la evolución del sistema electoral salvadoreño ha facilitado, en un grado de avance mayor que hace veinte años, el ejercicio del sufragio. Esa es precisamente la finalidad que persigue el conjunto de reglas que ordena la organización y el desarrollo de todo evento comicial. Sin embargo, para las elecciones de 2015, el proceso podría sufrir un grave retroceso como consecuencia, en parte, de la falta de recursos.
Es muy preocupante que las principales autoridades del Órgano Ejecutivo no reconozcan la importancia estratégica de algunos de las mejoras descritas al inicio de esta columna. Un secretario de la presidencia, por ejemplo, declaró que para las elecciones legislativas y municipales del próximo año, el sistema de transmisión de datos no era necesario. Lo hizo en el marco de la ya tradicional discusión que, elección tras elección, protagonizan el Ministerio de Hacienda y los magistrados del TSE cuando se presenta el proyecto del presupuesto extraordinario de elecciones. Su propósito era justificar la disminución del financiamiento solicitado sin reparar en la relevancia de los servicios que se recortarán y si éstos contribuyen o no a la certeza de los resultados y a garantizar la confianza de los ciudadanos en la autoridad electoral.
Las elecciones constituyen el mecanismo del que se vale la democracia representativa para transformar la voluntad ciudadana en escaños legislativos y en cargos de gobierno. No otorgar los recursos necesarios a la entidad responsable de administrar los procesos electorales, hacerlo a regañadientes condicionando el traslado de fondos al éxito de la recaudación de los nuevos impuestos, y contradecir a los miembros del árbitro electoral en relación a los rubros que deben financiarse porque se consideran un “despilfarro”, además de arriesgar la estabilidad del sistema político, genera la sospecha razonable que la obstrucción del presupuesto para las elecciones persigue otra finalidad diferente a la mera racionalización del gasto por parte del TSE.
La falta de recursos podría justificar la ausencia de una empresa que realice el servicio de transmisión de datos, o en su caso, la contratación de otra que no cuente con la confianza de todos los partidos. Asimismo es muy probable que el Tribunal Supremo Electoral señale, como ya es costumbre, que no hay fondos para financiar campañas de educación cívica que recuerden a los votantes las cuatro formas de votar en las elecciones legislativas y, además, les aclaren que por primera ocasión, los concejos serán integrados de manera plural, con representación de la fuerza ganadora, que tendrá la mayoría de concejales para gobernar, y de algunos representantes de los partidos de oposición.
Por otra parte la aprobación tardía del presupuesto obligará al TSE a realizar contrataciones directas de aquellos servicios que son considerados como “vitales” para la celebración de las elecciones. Esta práctica, si bien se encuentra regulada en la respectiva legislación, promueve manejos oscuros en los que se limita la competencia entre diferentes proveedores y además se presta para beneficiar a empresas cuyos productos podrían no cumplir con la calidad requerida.
Es muy probable, adicionalmente, que el actual organismo electoral deba invertir en varios de los rubros que calificó como “derroche de dinero” por parte de la administración anterior en el TSE. El pago de horas extras a los trabajadores y la contratación temporal de personal son dos de las inversiones que forzosamente se realizarán y que el titular de esa institución ya admitió como inaplazables.
En un país con tantas necesidades y muy pocos recursos es necesario priorizar las inversiones. Si este es el parámetro para distribuir los fondos, probablemente es mucho más importante sufragar el presupuesto del TSE que algunos otros gastos superfluos como campañas publicitarias, viajes al exterior, celebraciones en las oficinas públicas y pago de excesivas caravanas de seguridad de ciertos alcaldes y de algunos funcionarios del Estado.
*Columnista de El Diario de Hoy.