Ante las críticas generadas por el paquetazo de impuestos, el presidente Sánchez Cerén felicitó a los diputados por el madrugón, justificó que la SSF exija a los bancos información de sus mayores depositantes, y declaró: “Cuando se privatizó el sistema bancario, no se pusieron controles, y ya se les olvidó al sistema bancario que quebraron bancos y eso lo tuvo que pagar el Estado. El Estado está en la obligación de prever futuros desenlaces negativos que puedan tener el sistema bancario y además hay leyes (sic)“.
Con todo respeto recuerdo al presidente: El sistema bancario salvadoreño, con sólido prestigio, estuvo siempre en manos privadas, hasta que el presidente Napoleón Duarte lo nacionalizó, y luego de 10 años manejado por el Estado, quebró totalmente dejando un 36.7 % de la cartera en mora irrecuperable. Devuelto a manos privadas, ha logrado nuevamente ocupar una posición de respeto y confianza en el ámbito financiero.
ABANSA solicitó una prórroga para ajustar sus programas informáticos para la aplicación del impuesto del 2.5 % a operaciones arriba de $1,000, a partir del 1° de septiembre. El ministro la rechazó porque “el anteproyecto sobre esta nueva disposición tributaria fue presentada en mayo a la Asamblea, y la propuesta se conocía desde 2013” aunque aún no era ley aprobada, y Hacienda no había presentado el reglamento para la aplicación del impuesto.
Sobre el sistema privado de pensiones, AFP, existe una mentirosa campaña del FMLN buscando apropiarse de los fondos de los pensionados, exitosamente manejados por las AFP, y poder cubrir el millonario déficit que el Estado tiene, por el pésimo manejo que hicieron de los fondos del sistema antiguo.
El gobierno administró los fondos de pensiones del INPEP y del ISSS, en un sistema de reparto que quebró. El sistema privado inició en 1998, y actualmente cubre más de 1.6 millones de afiliados, que conocen los montos ahorrados durante los años que han cotizado. Pero el expresidente Saca, para poder seguir pagando las pensiones del sistema estatal, emitió una ley para que el gobierno tomara el 30% de los fondos privados de las AFP, que Funes aumentó al 45 %, ofreciendo pagar el ridículo interés del 1.5 %, cuando el gobierno paga tasas del 7 y 8 % a sus acreedores extranjeros.
Dicha ley pone restricciones a las AFP, para invertir en el extranjero para lograr mayor rentabilidad. Afirma el Lic. Novellino de ASAFONDOS, que si el gobierno subiera el interés, en un punto porcentual, la pensión de los trabajadores cotizantes aumentaría en un 25 %. Pero con estos “préstamos obligados”, los trabajadores han perdido más de $1,000 millones en intereses.
Según el ministro Cáceres, la deuda del gobierno con los cotizantes del sistema antiguo, es tan elevada, que exige una solución estructural, que según Medardo González “fue una promesa de campaña del Frente ajustar las condiciones actuales del sistema privado de pensiones, ampliándolo a todos los tradicionalmente excluidos”. Criticó el sistema privado por las ganancias que obtienen las AFP, y que la solución sería volver al sistema antiguo, en manos del Estado.
Ante este saqueo descarado a los fondos de los cotizantes, el señor Ricardo Soriano, con más de 35 años de trayectoria sindical, ha presentado ante la CSJ un recurso de inconstitucionalidad de la ley que permite al Estado usar los fondos privados, para pagar a las víctimas del sistema antiguo.
Salvadoreños: No podemos permanecer pasivos ante tanta desinformación, que pretende desprestigiar a las instituciones privadas, hundir al país, y crear falsas expectativas en la población más vulnerable fomentando el odio de clases.
* Columnista de El Diario de Hoy.