La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Procesal Penal con el propósito de otorgar medidas sustitutivas a la detención para quien mate en defensa propia. Si la mayor parte de agresiones en nuestro país se producen con armas de fuego y si el Código aludido establece como legítima defensa el uso de una fuerza proporcional, se asume entonces que la moción aprobada estimularía la adquisición de armas de fuego por parte de los ciudadanos para alcanzar el nivel de proporcionalidad.
Aunque la reforma sale al encuentro del sentimiento popular de agresividad y venganza, en términos objetivos, la medida no ayudará a remediar nuestro problema crónico de violencia sino a incrementarlo aún más. De acuerdo al informe “Armas de fuego y violencia” del PNUD en El Salvador, la utilización de armas de fuego aumenta la probabilidad que los hechos de violencia terminen con la muerte. Una de sus fuentes es el registro de novedades de la Policía Nacional Civil que indica que las personas que intentaron usar un arma de fuego para defenderse de un asalto o robo a mano armada, murieron en una relación 48 veces más alta que quienes no intentaron defenderse.
En otra parte afirma: “De todas las veces que se usaron las armas para defenderse durante el año 2000, en más del 65 por ciento de los casos, la víctima resultó herida o muerta por esa acción; mientras que sólo en el 33 por ciento de los casos la víctima salió ilesa”. Aún en la eventualidad que una persona logre defenderse lesionando o matando a su agresor, todavía quedará expuesto a la espiral de venganza que suele desatarse en estos casos.
El estimular de manera indirecta que los ciudadanos se armen para defenderse sólo producirá un incremento exponencial de los asesinatos en nuestro ya atribulado país.
No puede haber nada más errado que la lógica que establece que los hombres honrados deben armarse contra los delincuentes. En sí misma la propuesta es una claudicación del Estado a su deber de asegurar la integridad de los ciudadanos para trasladar la responsabilidad a los ciudadanos mismos. Si eso ocurriera ¿deberíamos esperar más delincuentes muertos?
Los hechos demuestran que lo que tendríamos serían más personas honradas asesinadas que entregarían nuevas armas con cada muerte a los delincuentes. Pero, además, con la proliferación de armas, tendríamos más armas robadas de las viviendas y de quienes comiencen a andar armados. Tendríamos un mayor número de peleas por parqueos o por derechos de vía resueltos a tiros, multiplicación de balas perdidas, más suicidios y más accidentes fatales por manipulación imprudente.
Existen ejemplos de otros países donde se adoptó la idea de la legítima defensa como recurso populista, y las experiencias terminaron en acciones terroristas y linchamientos que nunca pudieron resolver la violencia. Por otra parte también hay que tener en cuenta que cuanto más se arman las personas honradas, todavía más se armarán los delincuentes y se volverán más violentos e inescrupulosos durante sus asaltos y ataques.
Para resolver el problema de inseguridad se precisa de análisis racionales y diagnósticos basados en realidades y no en percepciones o emociones. Es tiempo que el problema se aborde con la seriedad que amerita. El tema de la vida humana es la primera obligación del Estado y la vida se debe proteger no con más armas sino de las armas.
*Pastor general de la misión cristiana Elim.