De vez en cuando, los domingos, cuando voy al supermercado, me encuentro a un ministro, con su esposa, empujando un carrito haciendo las compras, y, como cualquier hijo de vecino, preocupándose por adquirir los artículos de mejor precio para su presupuesto. Ya en la caja, paga con su tarjeta de crédito personal y luego toma su vehículo con placa particular, de modelo reciente pero sencillo.
Cada vez que encuentro a este funcionario me dan ganas de felicitarlo y darle la mano; deberían de tomar este ejemplo todos los funcionarios y políticos, porque el hecho de que tengan un cargo de elección popular o un puesto público no los hace ni distintos ni diferentes al resto de empleados que viven de un trabajo.
Lo normal es lo contrario, y no es cuestión de campaña o afán de desprestigio, tal como escuché esta semana: hay una campaña exacerbada contra la clase política, especialmente contra los diputado, por lo menos así lo denunció un legislador, de esos que han hecho de la Asamblea Legislativa el lecho ideal no solo para jubilarse, sino también para seguir laborando, con el menor esfuerzo posible, sus últimos años de vida.
Permítanme refutar a este diputado y señalar que si bien hay críticas, algunas de ellas muy duras, no existe la intención ni mucho menos creo que haya voluntad para intentar terminar con los políticos, es más, sostengo que el país necesita una fuerte, ilustrada y combativa clase política que, de manera sostenida y creativa, busque resolver los principales problemas del país.
Lo que sucede –y esta es mi apreciación–, es que la clase política no ha entendido, o no quiere entender, que su labor es importante como lo es cualquier otra actividad o profesión y, en cuanto tal, no debería tener ningún privilegio que no tenga la mayoría de los ciudadanos.
Me explico y quiero hacerlo trayendo a cuento los escandalosos gastos revelados esta semana en la Asamblea Legislativa, lo que ha provocado que los diputados sean vilipendiados una vez más. Una orden de la Corte Suprema de Justicia obligó a la Asamblea a publicar lo gastado —un poco más de 92 mil dólares—, en una fiestecita de fin de año, incluida la compra de regalitos para los señores diputados.
Sin entrar a los detalles, porque ampliamente han sido divulgados y comentados, creería que existe la percepción popular acerca de la poca sensibilidad de los diputados para con los problemas de la sociedad y una inclinación de estos al despilfarro en el uso de los bienes del Estado; además, hay incapacidad para generar consensos e ir creando soluciones de mediano y largo plazo a los problemas del país y, por si fuera poco, padecemos asimismo el terrible efecto de la “eleccionitis” en la que estamos inmersos los salvadoreños. Prácticamente todo el tiempo estamos saliendo de unas elecciones y preparándonos para la próxima campaña electoral, ya sea para diputados y alcaldes o para Presidente.
En parte esto se explica porque muchos funcionarios cuando llegan al cargo creen haberse encontrado un botín y por lo tanto deben vivir como lo amerita el cargo que ostentan; cosa contraria a lo que sucede en cualquier trabajo: usted gana una plaza y normalmente no le dan ni comida, ni transporte ni mucho menos seguridad especial. Por lo general, su sueldo tiene que distribuirlo para pagar sus deudas, comer y vivir con su familia y, por supuesto, hacer las peripecias del caso, para sobrevivir y alcanzar el fin de mes.
El problema no es viajar en primera clase, poseer un vehículo todo terreno nuevo, aspirar a colocar a los hijos en colegios privados, asistir a restaurantes de primera clase, tener motorista y seguridad privados, no, el problema es que se haga con los fondos del Estado, el dinero de los contribuyentes
Todavía más, cuando usted toma un empleo común y corriente, o se lo gana, tiene que demostrar con su labor diaria, que es capaz, que puede laborar junto con otros para alcanzar metas, y sí hay errores o equivocaciones, lo más seguro es que sufrirá sanciones e incluso ser despedido. Así son las cosas. Equivocarse o tomar una decisión errada o poco acertada no es el problema, el problema es que, y esto sucede en el Estado con mucha frecuencia, ante el desacierto no hay sanción ni siquiera reprimenda, es más, pareciera que se premia la ineficiencia.
Mientras la clase política no se comporte como cualquier trabajador, poco o ninguna credibilidad alcanzará.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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