Los partidos políticos pronto definirán los nombres de los candidatos para diputados y para concejos municipales que elegiremos para el período 2015/2018. Gravísima responsabilidad la suya, dado que en los alcaldes se deposita una ciudad entera, con todo lo que ello significa (habitantes, infraestructura, servicios) y los diputados deben ser promotores y defensores del Estado de Derecho, puesto que legislan y, además, eligen a quienes harán prevalecer esas leyes y a quienes cuidarán nuestras escuálidas arcas nacionales.
Y ¿qué condiciones se tomarán en cuenta para definir esas candidaturas?
Hemos escuchado, en las inacabables guerras verbales tan usuales en nuestra Asamblea, que los “requisitos constitucionales” para cargos como magistrados de la CSJ o para la CCR, son “apenas” el que tengan moralidad e instrucción notorias.
“¿Apenas?” ¡Si ambos requisitos podrían llenar páginas enteras de condiciones a examinar!
El sector privado, por ejemplo, cuenta con manuales de funciones para cada uno de los puestos que cada empresa requiere, tanto para la alta dirección como para el más humilde y sencillo de los trabajos necesarios. Allí se detallan los conocimientos, aptitudes, habilidades y demás que debe poseerse para el cargo, así como la conducta y actitud esperadas en todo momento.
Y, para los cargos públicos ¿nos conformaremos con lo que sea? ¡Intolerable!
Si deseamos que nuestro país mejore, debemos actuar nosotros, los ciudadanos. Eso significa involucrarnos más, enterarnos, informarnos adecuadamente y exigir que cada uno de nuestros votos se valore justamente, es decir, proporcionándonos funcionarios probos, honestos, capaces, instruidos y que amen de verdad a nuestro país.
Para empezar, analicemos a cada uno de los diputados, alcaldes, concejales, magistrados, ministros, etc., que ahora nos gobiernan. ¿Estamos satisfechos con ellos? ¿Tienen una vida intachable? ¿Cursaron los estudios idóneos para el cargo? ¿Cuentan con una buena y demostrada experiencia o, contrariamente, dejaron un mal recuerdo donde quiera que hayan estado? ¿Son ordenados en su vida familiar y en sus finanzas? ¿Cumplidores de sus compromisos, fieles a la palabra empeñada? ¿Toman decisiones correctas e inteligentes, saben analizar bien o son expertos en “animaladas”?
Y, como mínimo, por favor, exijamos que sepan leer y escribir correctamente, que tengan un léxico lo suficientemente amplio como para entender de qué les están hablando y, a su vez, puedan explicarse con claridad. Nos quejamos, a veces, de que “nunca hemos escuchado la voz” de tal o cual diputado, pero cuando al fin emite sonido, deseamos que mejor hubiera seguido callado, dado su pésimo vocabulario. ¿Cómo, entonces, van a comprender las leyes que aprueban, si su lenguaje es tan deficiente?
Exijamos también que puedan pronunciar cifras de más de 6 dígitos sin equivocarse y que sepan diferenciar entre un costo, un gasto o una inversión. No admitamos ignorantes en cargos de responsabilidad; con funcionarios así, cada vez estaremos peor.
Soy republicana, pero eso no impide el desear que nuestros aspirantes a servidores públicos se preparasen tan bien para ejercer sus cargos, como se preparan los herederos de las coronas europeas. Recién tuvimos un presidente de la República que se creyó rey y todavía hay uno en la Asamblea con ínfulas de César. ¿Qué tal que comparemos sus calificaciones generales con las del rey Felipe VI, por ejemplo? ¡Vaya diferencia! Para empezar, Felipe no es soberbio.
Recordemos: de nosotros los votantes depende el tener buenos gobernantes. Seamos exigentes, El Salvador lo merece.
*Columnista de El Diario de Hoy.