El convenio comercial con Venezuela, que involucra la compra de productos derivados del petróleo por parte del gobierno de El Salvador en condiciones favorables de pago, es algo que merece ser estudiado a fondo. Algunos analistas mencionan que en 25 años la deuda total proveniente de este convenio será de $20 mil millones ($800 millones anuales por 25 años), pero no es así de simple. Por eso, es oportuno hacer un cálculo frío del impacto que tendría Petrocaribe en las finanzas del Estado, a medida que la deuda se vaya acumulando con el transcurso de los años. Por ahora, se dejará para otra oportunidad el análisis del beneficio que brinda la liquidez que otorgan los términos comerciales, que permiten el pago a crédito de una porción de la factura petrolera.
Se partirá de la base de que el Estado comprará siempre $2 mil millones anuales de productos derivados del petróleo, de los cuales el 60 % ($1,200 millones) se pagará en efectivo, o sea inmediatamente, y el otro 40 % ($800 millones) en un plazo de 25 años, a una tasa de interés del 1% anual, según declaraciones de representantes del gobierno. Para hacer más sencillo el análisis, se supondrá que la factura se mantendrá igual en los siguientes 25 años, a pesar de que en un período tan largo el precio del barril de petróleo bien podría triplicarse. Para propósitos de cálculo, se presupondrá que no habrá un período de gracia y que el Estado honrará sus compromisos de pago puntualmente.
¿Por qué es importante estimar el efecto que tendrá Petrocaribe en las finanzas públicas? Porque la deuda va creciendo paulatinamente cada vez que se compra petróleo a Venezuela. No es lo mismo hacer una sola inversión, como cuando se compra una vivienda, para luego quedarse pagando la deuda por 25 años con la misma cuota, que pagar el alquiler de una casa durante 25 años con una tarjeta de crédito, donde cada mes aumenta la deuda y asimismo el pago mínimo de la tarjeta. Para el cálculo de la deuda y de la cuota del préstamo en forma acumulativa, se supuso que la deuda anual de $800 millones se va a pagar como un préstamo bancario, con cuotas anuales (no mensuales) que cubran intereses y amortización de capital. Al final de los 25 años, la deuda incurrida 25 años atrás quedará completamente cancelada. Esto significa que cada año habrá que hacer un valúo del saldo final de la deuda, considerando las amortizaciones de capital.
La cuota del año irá subiendo, pues cada año se irán acumulando las cuotas correspondientes al consumo de los años anteriores. Todo este ejercicio llega a su máximo al alcanzar el año 25 de este esquema, ya que de ahí en adelante la nueva deuda se compensa con la cancelación de la deuda adquirida hace 25 años. El primer año solamente se incurre en deuda y no es sino hasta el final del segundo año que se empieza a pagar el préstamo; por lo tanto, la deuda será cancelada de aquí a 26 años.
Veamos, pues, los puntos más relevantes del análisis. La cuota anual de cada préstamo de $800 millones es de $36.3 millones. El saldo máximo de la deuda llega a $10,814 millones (casi $11 mil millones), mientras que la cuota anual máxima alcanza los $908 millones (casi $1 mil millones). Como a pocos les interesa qué ocurrirá de aquí a 26 años, concentrémonos en los últimos años de esta presidencia y la siguiente, o lo que es lo mismo, los montos de aquí a 5 y 10 años. La contabilidad mostraría, al final de los años 5 y 10, a una tasa del 1 %, como saldo de la deuda: $3,714 y $6,691; y como cuota anual: $145 y $327, respectivamente, todo en millones. ¿Son manejables estas cifras?