Esta semana, funcionarios policiales revelaron que Ricardo Perdomo, exministro de Justicia y Seguridad Pública, en mayo de este año trató de contratar a Óscar Armando Navas, alias “el Juay”, miembro activo de la pandilla 18, para que se incorporara a su seguridad personal. Además, según confirmó personal de la policía, Navas se encuentra de alta en la Fuerza Aérea y es requerido por un tribunal especializado por homicidio y agrupaciones ilícitas. De acuerdo al mismo Perdomo, el pandillero no solo era parte de la Fuerza Armada sino que cuenta con experiencia dentro de las fuerzas especiales castrenses.
El exministro, en respuesta a la noticia, trató de defenderse explicando que Navas fue recomendado junto a otros cuatro candidatos por su equipo de seguridad y que él no sabía que una de las personas que pidió que se contratara era pandillero. Considerando que durante su gestión al frente del aparato de seguridad sus declaraciones se caracterizaron por el frecuente uso de la muletilla “tenemos informes de inteligencia que dicen que” o una variante de ésta, resulta indignante el que Perdomo haya remitido el nombre de un pandillero sin someterlo a un filtro inicial y que, además, no haya sabido que miembros de su seguridad tuvieran vínculos con esa persona (tan fuertes como para recomendarlo).
Sin embargo, el análisis de la situación debe de ir más allá de la impericia de un funcionario sin preparación o trayectoria para su puesto. El bochornoso incidente protagonizado por Perdomo evidencia la profundidad de la infiltración de las pandillas en el Estado y el amplio alcance de sus operaciones. Navas no es el único pandillero que ha logrado penetrar exitosamente las dependencias élites del aparato de seguridad. La vinculación de personal policial y castrense con pandilleros ha sido advertida en el pasado, pero, gracias a la negociación propiciada por el gobierno de Mauricio Funes, se ha agudizado en los últimos años.
Haber cambiado la forma en que el Estado interactúa con las pandillas, ha facilitado su infiltración en instituciones públicas y, por lo tanto, magnificado el control y la influencia que ejercen sobre los territorios en los que operan. Estas condiciones han favorecido el crecimiento de dichas agrupaciones. Según declaraciones públicas brindadas por funcionarios de seguridad, el número de pandilleros y clicas aumentó de 28,130 y 274 en 2011, respectivamente, a cerca de sesenta mil miembros de pandilla y dos mil clicas en 2013.
Este crecimiento exponencial de las pandillas, además de coincidir con la negociación propiciada por la administración Funes y todos los consecuentes beneficios que esto implicó, también es congruente con dos elementos detrás de los que se esconde la terrible realidad a la que las pandillas someten a los salvadoreños: la masiva migración de menores y el surgimiento de un grupo de exterminio.
El incremento de los menores migrantes ha estado recientemente en la palestra internacional y los especialistas que han estudiado el fenómeno coinciden en que el decadente estado de la seguridad pública y el auge de las pandillas, son los principales precursores. Similarmente, los mismos detonantes se identifican para el surgimiento de un supuesto grupo de exterminio responsable de por lo menos tres hechos homicidas en contra de pandillas, de acuerdo a las declaraciones de un jefe policial publicadas por un rotativo esta semana.
Al analizar de forma colectiva ambas situaciones, es evidente que son un indicador del invivible estado de las comunidades plagadas y controladas por las pandillas, y la falta de confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones públicas para resolver la crisis delictual en la que está sumergido el país. Sánchez Cerén y su séquito de seguridad, después de un mes de haber tomado posesión de sus puestos, no han dado señales claras que cambiarán el abordaje que ha llevado a El Salvador a este deplorable estado. Todos los salvadoreños debemos exigirlo.
*Criminólogo.
@cponce_sv