Es común en el mercado laboral que al comenzar en una nueva posición el empleador otorgue un período de prueba a quienes por primera vez llenan la plaza.
De aquellos sin ninguna experiencia en el rubro, se pueden esperar equivocaciones y meteduras de pata, propias de un primerizo. Sin embargo, de aquellos con gran experiencia las meteduras de pata señalan, si no incompetencia absoluta, mala intención.
Por desgracia, para ciertas posiciones como la de Presidente de la República, no hay período de prueba que valga. El empleador (o sea, la ciudadanía activa que exige cuentas) se encuentra vigilante desde el día uno, esperando que quien por su gusto decidió lanzarse a llevar las riendas del país y embarcarlo hacia el desarrollo, haga un buen trabajo. Es por eso que en la presidencia, tener experiencia en la política, entendimiento de las leyes y el Estado de Derecho, son una gran ventaja, que por cierto, tenía de sobra el presidente Sánchez Cerén.
Puede presumir de casi tres períodos como legislador en la Asamblea Legislativa, experiencia que deberíamos asumir, debería haberlo llevado al entendimiento del funcionamiento de las leyes y la jerarquía normativa que estudiantes de primer ciclo de ciencias jurídicas aprenden bajo el nombre de “la pirámide de Kelsen” y que significa, simplemente, que la Constitución está siempre por encima de cualquier otra norma jurídica, sea esta tratado, ley secundaria o reglamento. Esto, simple y sencillamente se debe a que la Constitución en teoría es lo más cercano a la expresión máxima de la voluntad de un pueblo, concepto que, a menos que sus discursos sean palabras vacías, parece apoyar siempre el presidente Sánchez Cerén.
De ahí la sorpresa que tuvimos muchos al oírlo decir que la Sala de lo Constitucional estaba “invadiendo” (sic, a pesar de que no es la palabra más afortunada para describir el trabajo de un organismo simplemente haciendo lo que le compete) la integración centroamericana al declarar inconstitucionales algunas normas del tratado constitutivo del PARLACEN, como la que habilita la diputación automática de expresidentes y exvicepresidentes de los países miembros.
El argumento en el que el presidente Sánchez Cerén basó su defensa contra la “invasión” a la integración centroamericana fue que “El Salvador ha suscrito también esos tratados”. Lo anterior ignora el concepto básico de que la Constitución está por encima de cualquier tratado. También proveniente de las funciones que delega la Constitución es que a quien toca decidir qué es inconstitucional y qué no, es a la Sala de lo Constitucional, dándole la competencia de conocer cuando tratados suscritos podrían ir en contravención con el espíritu de la Constitución. Hacerlo, por lo tanto, no constituye invasión alguna.
También se quejó el presidente de que la Sala “cuestiona mucho al poder político, pero no cuestiona al poder económico”, ante lo que caben varios contraargumentos: primero, que la Sala es por excelencia el mecanismo de defensa que la ciudadanía tiene para controlar el poder político. ¡Qué casualidad que ahora que ostenta el poder político, el presidente encuentre este mecanismo tan molesto como un zancudo en la oreja! Segundo, podría argumentarse que impedir que un mecanismo proteja con fuero a un exfuncionario cuyo estilo de vida demuestra lujos inconsistentes con su supuesto patrimonio, es precisamente cuestionar al poder económico que tanto le molesta al presidente.
Tras su larga trayectoria sirviendo al país desde la Asamblea, y después cinco años desde la vicepresidencia, cuesta creer que el presidente desconozca conceptos jurídicos tan básicos. Si los desconoce, preocupa su incompetencia. Y si los conoce, la finge. ¿Por qué valdría la pena fingirla en defensa del expresidente Funes? Solo él mismo sabrá.
*Lic. en Derecho.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg