El rol de velar por el buen manejo de los fondos públicos es crucial en todo país democrático, pero en El Salvador existe un déficit descomunal en este sentido.
La Corte de Cuentas de la República debe ser una instancia que brinde certeza y trasmita confianza sobre el uso que se da al presupuesto general del Estado, es decir, la Corte es el medio que los salvadoreños tenemos para asegurar que nuestros impuestos se utilizan de manera efectiva y transparente en el funcionamiento del aparato estatal.
El diseño institucional supone que es un órgano independiente e imparcial, por ello son inaceptables las declaraciones de su presidente saliente, en el sentido de conceder “finiquitos exprés” a los expresidentes de la República, justificando que no manejan dinero y que por lo tanto no tienen responsabilidad alguna. De hecho la ley señala que la Corte debe valorar tanto el manejo de fondos, incluyendo los gastos de la mal llamada partida secreta, así como llevar a cabo auditorías de gestión.
La Ley de la Corte de Cuentas señala que es atribución de su presidente otorgar los finiquitos. Esta disposición debe ser revisada. Entregar finiquitos sin mayor análisis, a figuras relevantes de la política nacional, abre las posibilidades de incentivar la viveza y la corrupción, lo cual se traduce en un gravísimo problema para el país. En todo caso, ésta debería ser una decisión colegiada, luego de un procedimiento transparente y con razonamientos técnicos. Los finiquitos terminan siendo un arma de protección para exfuncionarios, mientras que a otros se les retrasa injustificadamente o se hacen investigaciones con gran rigor utilizando todos los subterfugios posibles.
Recordemos que para poder cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que estableció un criterio de independencia y de incompatibilidad con la afiliación partidaria en la elección del presidente de la Corte de Cuentas, se tuvo que proceder a corregir su elección en tres diferentes ocasiones, con el consiguiente desgaste político. Todo para que resultara en un nombramiento cuyo legado será el más controversial y cuestionado hasta ahora.
Nuevamente la Asamblea se encuentra en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Cuentas. Este proceso debe reconocer las serias deficiencias en la forma en que se han hecho los nombramientos de funcionarios de esta institución. Según el informe oficial de la Comisión Legislativa que evalúa a los candidatos y que el periódico digital El Faro, dio a conocer, existen una serie de investigaciones sobre los actuales aspirantes. De los 83 aspirantes, solo un número reducido no ha tenido denuncias de la Sección de Probidad, Sección de Investigación Profesional, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio de Hacienda, Fiscalía, Policía y de la misma Corte de Cuentas.
La Asamblea Legislativa le debe a la ciudadanía una elección de personas con las capacidades para enfrentar la cultura de opacidad y falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, que le den legitimidad a la democracia. Por sus nombramientos conoceremos si las decisiones que ahora se tomen, resistirán la prueba del tiempo. En papel se ha llegado al consenso sobre la necesidad de contar con funcionarios que tengan características de mérito y profesionalismo como garantía del buen manejo de instituciones del calibre de la Corte de Cuentas, pero en la práctica parece privilegiarse a personas que se prestan a las manipulaciones políticas.
Este es un momento para reflexionar sobre la seriedad del proceso de elección, así como de la necesidad de reformar la Ley de la Corte de Cuentas, separando sus atribuciones jurisdiccionales de las administrativas. Esto implicaría una reforma constitucional, sin embargo, mientas ésta no pase, al menos se deben valorar y debatir las propuestas de reforma a la Ley y su Reglamento, que actualmente se encuentran en la Asamblea Legislativa.
Se debe garantizar la calidad de los magistrados en personas con profesionalismo y honradez, que se traduzca en independencia de la institución a toda forma de manipulación, pues son los garantes de la integridad financiera del Estado. Debemos seguir exigiendo que la Corte de Cuentas trabaje bajo parámetros de legalidad, eficiencia, economía, efectividad y transparencia en su gestión.
*Columnista de El Diario de Hoy.