El verano pasado era imposible encender la radio sin oír la pegajosísima canción “Blurred Lines”, de Robin Thicke y Pharrell. El problema es que si se iba más allá de la música, la letra y video son un asco, un insulto que objetiviza a la mujer de maneras que casi evocan una violación, tema especialmente delicado en un mundo en el que a diario, muchísimas mujeres son aún víctimas de violencia de género. No se hicieron esperar los ejércitos feministas, exigiendo censura absoluta a la canción, al video, al artista: cualquier cosa, pero que se usara la fuerza para callar la ofensa.
Lograron su cometido… hasta cierto punto: algunas universidades prohibieron la canción en sus campus (queda la duda de cómo hicieron cumplir la prohibición, pues no se reportó que a ningún estudiante le hicieran alguna redada en sus aparatos de música). No puede decirse que ganaran la batalla, o hicieran una mella en la conducta ofensiva, pues se siguen grabando y escribiendo canciones en los mismos términos.
De hecho, la censura es hasta cierto modo impráctica. En un mundo donde las decisiones son libres –de oír o no ciertas canciones y poner o no atención a ciertas conductas– es una de las bases del pensamiento económico que entre más información se tiene se toman mejores decisiones. En lo personal, prefiero la no censura, pues me permite distinguir (cantantes o no) a los patanes de los hombres decentes. Sirve también para no caer en el peligro de la colectivización y asumir, con una generalización perezosa que porque algunos patanes graban canciones ofensivas, todos los hombres necesariamente son patanes e irrespetan a las mujeres.
Este caso es, aunque superficial y probablemente irrelevante, paralelo al triste enfrentamiento que en El Salvador se está dando por la desatinada decisión de un pequeño grupo de manifestarse, en el contexto de las marchas a favor de la diversidad sexual, haciendo uso innecesario de símbolos que directamente ofenden los sentimientos religiosos de otro grupo de salvadoreños. Ambos lados apelan a la tolerancia: uno exigiendo que se tolere su conducta irreverente, casi rayana en bullying (y que injustamente mancha a otros que solo quieren manifestarse pacíficamente), y el otro, exigiendo que se toleren sus creencias, que otros por su parte podrían considerar bullying.
En una sociedad democrática idealmente hay espacio para todos. La libertad de expresión garantiza que el Estado no castigará a nadie por la expresión de sus ideas. El derecho al honor limita lo que puede decirse en cuanto no ofenda directamente la dignidad de una persona, pero al ser esto una cuestión subjetiva, no se traduce como el derecho a no ser ofendido. La libertad religiosa nos garantiza el ejercicio de nuestras creencias sin obstáculos, pero no se traduce en la protección contra aquellos que por su parte, las profanan. La verdad de las cosas es que no hay manera de garantizarle a todo ciudadano que la expresión de las ideas de otros no ofenderá sus sensibilidades. Apelar a la censura es contraproducente, pues es validar el uso de la fuerza del Estado para amordazar la libertad de expresión que debe prevalecer siempre, cuando nos guste el contenido y cuando no, para protegernos de que otros no pidan que se nos amordace cuando no gusten de nuestras ideas.
¿Cómo convivir entonces a gran escala con conductas objetivamente irreverentes, ofensivas e insultantes de valores que muchos consideran prioritarios? De la misma manera que se hace en menor escala, sin necesidad de censura o uso de la fuerza: es por los bullies que juegan sucio e insultan que aprendemos en la vida a escoger libremente no meternos con bullies, y es por eso que al final, se quedan solos.
*Lic. en Derecho.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg