a función básica de la agricultura en un proceso de desarrollo consiste en producir bienes en cantidades suficientes destinados a satisfacer las necesidades alimentarias de la población.
Para cumplir esta función, es necesario que la productividad agroalimentaria aumente sostenidamente, ya que en la medida en que un país se desarrolla se expanden ciertas actividades predominantemente urbanas y surgen otras nuevas, cuyos trabajadores deberán ser alimentados con bienes que mayoritariamente provienen de la agricultura.
Esta visión estuvo presente durante la vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones practicado por El Salvador entre 1950 y 1980. Producto de ello, el país contaba con una política agropecuaria activa que consideraba el logro de cierto nivel de autosuficiencia alimentaria como uno de sus objetivos básicos.
Por el contrario, la idea que ha predominado durante las últimas tres décadas es que la seguridad alimentaria no debería de existir como política pública porque los mercados libres se hacen cargo de ella. En congruencia con ello, desde entonces se han aplicado políticas como las siguientes:
-Una drástica reducción del gasto público agropecuario (GPA), el cual, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2013, pasó de representar el 8% del gasto público total en los años setenta a un promedio de 1% en los últimos quince años. Producto de ello, el GPA por agricultor en El Salvador es ahora el menor de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
-La liberalización de la tasa de interés y la eliminación de los topes de cartera aplicados a otros sectores económicos considerados menos prioritarios para el desarrollo. Producto de estas políticas, la tasa de interés real aplicada a los créditos agropecuarios aumentó de valores cercanos al 0% a niveles del 10% o más durante los últimos 15 años. Adicionalmente la participación del crédito agrícola en el crédito total se redujo de 14% en 1990 a 3% en 2013.
-La eliminación del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), un poder de compra estatal que participaba activamente en el mercado bajo la filosofía de garantizar precios remunerativos para los productores y justos para el consumidor.
-Una apertura comercial agresiva que ignoró las distorsiones que caracterizan a los mercados internacionales de productos agropecuarios, tanto en las reducciones unilaterales de los derechos arancelarios de importación, como en los tratados de libre comercio negociados con los socios comerciales más importantes del país. Producto de esto, el arancel promedio aplicado a los productos agrícolas se redujo del 20.4% en 1989 a menos de 2% en la actualidad.
-Finalmente, también se optó por la adopción de un sistema de tipo de cambio fijo, luego consolidado con la dolarización. Esta medida, aplicada en un contexto de afluencia creciente de divisas –provocado por las remesas y el endeudamiento externo creciente– permitió que el tipo de cambio real, que ya se encontraba sobrevaluado en 1989, se sobrevaluara 25% más, reduciendo la competitividad de sectores que producen bienes transables, como la agricultura y la industria.
Como resultado de estas políticas, los términos sectoriales de intercambio de los productos agropecuarios se han deteriorado fuertemente, a tal punto que muchos de ellos han dejado de ser rentables. De hecho, de 1970 a 2013, los precios de los servicios se multiplicaron por más de 18 y los precios de los productos industriales por 15, mientras que los precios de los productos agropecuarios únicamente se multiplicaron por 5.
No es casual entonces, que pese a su estrechez territorial y a su alta densidad demográfica, existan en El Salvador alrededor de 400,000 manzanas sin utilizarse; ni que en los últimos 25 años el sector agropecuario apenas haya crecido a una tasa promedio anual de 1.6% y que su participación en el PIB haya disminuido de 17% a 12%. Tampoco es de extrañar que las tasas de pobreza para los ocupados en agricultura sean casi el doble del promedio nacional (casi 6 de cada 10 personas que trabajan en agricultura son pobres y 1 de cada 4 está en pobreza extrema).
El inicio de una nueva administración presidencial es un buen momento para cambiar y asignarle al sector agropecuario la prioridad que se merece. Dos cosas que no hay que olvidar para ello son: primero, que este sector es todavía la principal fuente de ingresos del 20% de la población total del país y del 45% de las familias rurales; y segundo, que como dice el profesor emérito de Harvard, Peter Timmer: “Los políticos que ignoren la seguridad alimentaria cargarán con las consecuencias”.
*Economista, jefe del PNUD.L