Los norteamericanos han perdido el foco del problema. Suponen que están enfrascados en una discusión técnica sobre la viabilidad económica del “Social Security”, cuando el tema de fondo es otro mucho más importante: elegir entre la responsabilidad individual y la colectiva. O sea, exactamente el núcleo central de un encendido debate que hoy se efectúa en todo el planeta, dedicado al profundo reexamen de las relaciones entre la sociedad y el Estado. El sistema de jubilaciones es sólo una expresión más de esa apasionada polémica.
La historia sucinta es ésta: desde mediados del siglo XIX de manera creciente se fue abriendo paso la idea de que el Estado debía proporcionarles ciertos servicios básicos a las personas: educación pública gratuita, cuidados médicos y pensiones por desempleo, enfermedad o jubilación. Esos “Estados de Bienestar Social”, como se les llamó, comenzaron en la Alemania de Bismarck e inmediatamente Inglaterra siguió el ejemplo. En América Latina, a partir de la revolución mexicana de 1910 se fue más allá, y en las nuevas constituciones se agregaron otros “derechos”: las personas debían disponer de viviendas dignas y puestos de trabajo razonablemente remunerados. El Estado debía proporcionar todo eso. El hambre, las penurias y la in- certidumbre que habían acompañado al ser humano desde las cavernas hasta los rascacielos quedaban legalmente abolidas y proscritas.
Simultáneamente, se censuraban las grandes diferencias económicas y se proclamaba el objetivo de bus- car una suerte de igualdad en la distribución y tenencia de recursos. Y no era sólo un proyecto de marxistas y radicales: el dulce economista norteamericano Henry George -muerto a fines del XIX-, defensor de un capitalismo benévolo, proponía la creación de altos impuestos a las herencias para que se redistribuyera la riqueza, mientras en todas partes se afianzaba la hipótesis de que lo justo y conveniente era que existiese un sistema fiscal “progresivo” que cobrara más a quienes más ganaban.
Es esa visión del papel del Estado, del conjunto de la sociedad y del rol del individuo, lo que entró en crisis a fines del siglo XX. ¿Por qué? Por los altísimos costos que implicaba y porque provocaba una creciente ineficiencia en el sector público. Esto se traducía en una enorme pérdida de legitimidad de los sistemas políticos, fenómeno que en América Latina se trasformaban en una fuente de inestabilidad y violencia. La popularidad de líderes autoritarios como Chávez o Fujimori era una muestra de la insatisfacción general que existía en la región por los pobres resultados de la gestión del Estado. Los pueblos querían una mano dura que entregara los inalcanzables bienes y servicios que prometían los textos legales y los discursos políticos.
En nuestros días se sabe que el camino del Estado de Bienestar no es ya transitable. Se malgastan los escasos recursos disponibles, la frustración pone en peligro el sistema democrático y le franquea la puerta a toda clase de aventureros y demagogos, al tiempo que fomenta en la ciudadanía una nociva actitud de postrada indefensión: “el Estado, y no yo, es el responsable de mi felicidad; lo que yo no tengo es porque alguien me lo ha quitado”.
Frente a esta cosmovisión es que se alzan las voces de quienes procuran el resurgimiento de la responsabilidad individual y la reducción del perímetro del Estado, confiando en una revitalización de la sociedad civil y en los esfuerzos de los sectores privados para lograr los niveles de prosperidad que el ámbito público es incapaz de generar. El problema real no es de dónde proceden los fondos para la jubilación de los trabajadores, sino si se admite o rechaza la premisa moral de que toda persona apta para laborar debe ahorrar para costear su vejez sin tener que depender de la solidaridad de otros asalariados. Ese es el verdadero debate.
Hace 40 años, junto a otros entonces jóvenes profesores, comencé a enseñar en una universidad norteamericana que donaba un cinco por ciento del salario a un fondo colectivo de jubilación que invertía prudentemente los recursos en la Bolsa. El compromiso exigía un aporte personal de otro cinco por ciento. A los cuatro años yo abandoné la docencia y me marché a España, pero muchos de mis compañeros permanecieron en sus puestos y contribuyeron al fondo de inversiones hasta alcanzar la edad del retiro. ¿Resultado? Como promedio, les esperaba en torno a un millón de dólares al final del camino. Habían asumido responsablemente los costos de la tercera edad y llegaban a ella orgullosamente provistos de recursos propios. A mí no hay quien me convenza de que ese sistema es peor que el otro. (Firmas Press).
*El autor es periodista y escritor.
Su último libro es la novela Otra vez adiós.