Hace casi dos años, desde la Secretaría General de la OEA, decidimos ser parte del proceso iniciado desde la sociedad civil salvadoreña, que intentaba lograr una reducción de la delincuencia y la reinserción social de muchos jóvenes que aún podían tener una oportunidad en sus vidas. Estábamos conscientes de que corríamos riesgos, entre los cuales el principal probablemente era la desconfianza; después de todo se trataba de un fenómeno inédito y de resultados inciertos.
No ha dejado de sorprendernos, sin embargo, que más allá de la legítima polémica y de los naturales altibajos de este proceso, existan también voces que parecen siempre listas a denostarlo y hasta alegrarse de su presunto fracaso, cada vez que se comprueba algún incremento en la tasa de homicidios o en el número de delitos cometidos.
En el contexto de una situación que se ha perpetuado por tantos años y que ha afectado tantas víctimas, las críticas y dudas son naturales y respetables. Sin embargo hay que recordar también que antes de que esto comenzara, El Salvador tenía tasas mucho más altas de criminalidad, que afectaban su convivencia interna y su imagen internacional y significaban un costo altísimo en vidas y recursos financieras para enfrentar o acomodarse a esta realidad. Esa es la razón que nos mueve a hacer todo lo que sea posible, dentro del marco de la ley, para reducir los niveles de violencia y delito que han caracterizado al país durante las últimas décadas.
Debemos agradecer al Gobierno de El Salvador que tuvo la visión y el coraje de autorizarnos, por intermedio de un Acuerdo de Cooperación, para actuar como garantes de un proceso que había sido iniciado por miembros de la Iglesia Católica y otras expresiones de la sociedad civil.
Si bien las “maras” son responsables principales de diversos delitos muy graves, por los cuales muchos de sus dirigentes cumplen condenas o enfrentan juicios, ellas tienen un origen y expresan un fenómeno social que va más allá y es anterior a esa actividad delictiva. Las “maras” son una expresión violenta de identidad social, fundado en la exclusión, que tienen su propia realidad orgánica, lo cual permite intentar al menos generar un diálogo entre ellas y de ellas con el resto de la sociedad.
Ese proceso tuvo un momento puntual en el acuerdo alcanzado por las “maras” para reducir la violencia practicada entre ellas. Más allá de ese momento puntual, que dio inicio y en cierto modo nombre al proceso, éste ha continuado hasta derivar en lo que es hoy: un diálogo entre estas pandillas y la sociedad por intermedio de sus autoridades comunales que ha dado lugar a la pacificación social de once de los más importantes municipios del país.
Se trata de un proceso de pacificación social, que tiene como actores a miembros de la sociedad organizada, de una parte y, de otra, a pandillas delictuales. Pero estas últimas, las “maras”, tienen esa peculiaridad que les permite mantener ese diálogo y hacer abrigar esperanzas de que éste prospere en logros importantes con relación a la reducción del delito y la violencia en los territorios del país. Es ese proceso de pacificación social al que la Secretaría General de la OEA está dispuesta a servir de garante y aún de facilitador y que no cejará de impulsar mientras siga contando con la disposición de las autoridades salvadoreñas. El mismo modelo de pacificación social que estamos dispuestos a impulsar en todos los países afectados por el mismo fenómeno, si sus autoridades nos autorizan a ello.
Quienes se oponen a este proceso lo acusan de ser un camino encubierto a la impunidad. No lo es y mientras la Secretaría General de la OEA sea parte de él, no lo será.
¿Qué han pedido las “maras” a cambio de sus iniciativas? En un comienzo una mejoría en las condiciones de habitabilidad de las cárceles en las que muchos de sus miembros están recluidos; algo que la OEA siempre va a apoyar en todo el continente, con “tregua” o sin ella. En los municipios que han llegado a acuerdos con las “maras” para reducir los niveles de delito, se implementan programas de reinserción social que consideran aspectos tales como la educación y el acceso al empleo, nuevamente algo que la OEA siempre ha impulsado para los jóvenes que no van a la escuela ni tienen trabajo.
Pero en todo momento las “maras”, tanto como las municipalidades, el Gobierno, la sociedad civil y la OEA, han sido conscientes del hecho que quienes han cometido delitos deberán pagar las penas que la sociedad les imponga y que quienes los cometan en el futuro deberán igualmente responder por ello.
¿Qué se ha logrado hasta este instante? La tregua inicial contribuyó a reducir a la mitad la tasa de homicidios en el país; una tasa que, con altibajos, se ha mantenido en esa proporción desde entonces. Es verdad que la comisión de otros delitos, la mayoría de ellos cometidos por integrantes de las mismas “maras”, no ha disminuido. Sin embargo la reducción de la criminalidad homicida es ya un logro importante puesto que las víctimas no son sólo los pandilleros, sino también sus familias, los integrantes de las fuerzas policiales y las personas que caen en el fuego cruzado de la violencia.
Hoy día las “maras” dialogan entre ellas y con la sociedad, algo impensable hace solamente unos meses atrás. En dos oportunidades han entregado significativos volúmenes de armas a los facilitadores del proceso, una de ellas en presencia del Secretario General de la OEA. Y lo más importante, la experiencia de los once municipios en los que se ha llegado a un acuerdo entre las pandillas y la comunidad por intermedio de sus alcaldías puede significar una reducción de los delitos cometidos en ellas. Una experiencia que por cierto debe ser seguida con atención, y espero que con optimismo, no sólo por los salvadoreños sino por toda Centroamérica.
*Secretario general de la OEA.