En la década recién pasada, El Salvador fue uno de los países con mayor compromiso y liderazgo en la respuesta al VIH a nivel mundial. El país se destacó por sus avances en materia de acceso a pruebas de detección del virus para la población general, y tratamiento con medicamentos antirretrovirales para las personas con VIH que lo requerían. Estas acciones han sido ampliamente reconocidas por la comunidad internacional y se alcanzaron gracias al arduo trabajo de la sociedad civil salvadoreña.
Este compromiso y liderazgo, que ostentó el país, ayudó en gran medida a aumentar la credibilidad en el exterior, para la obtención de más recursos en la respuesta al VIH, por parte de los cooperantes. Así mismo, se logró escalar posiciones del más alto nivel en foros internacionales y en los espacios donde se analizan y discuten las políticas y estrategias en materia de VIH en el ámbito mundial.
Muchos la recuerdan como la “época dorada” en la respuesta al VIH en El Salvador, en la que abundaban compromisos y acciones concretas de apoyo para enfrentar esta epidemia por parte de las máximas autoridades del Estado, como presidentes, vicepresidentes, ministros y primeras damas. Es cierto que las máximas autoridades de un país tienen un sinfín de prioridades y asuntos que atender de extremada urgencia día a día, pero la práctica también ha demostrado, que un compromiso asumido con la mayor responsabilidad política se traduce en más recursos y beneficios para el país. En los últimos diez años El Salvador ha logrado recibir más de 100 millones de dólares de la cooperación internacional para el tema de VIH.
De forma lamentable recientemente se dio a conocer que el Gobierno salvadoreño disminuirá los fondos destinados para la adquisición de medicamentos antirretrovirales en un 45%. Esta reducción en la compra de medicamentos antirretrovirales afectaría de forma directa a más de siete mil personas con VIH que actualmente reciben tratamiento, poniendo en peligro su condición de salud, y afectando igualmente a sus familias donde, en la mayoría de ellas, las personas con VIH son la principal fuente de ingreso dentro de su núcleo familiar. También las secuelas de una medida de este tipo, podrían afectar a toda la población, aumentando el riesgo de nuevas infecciones por VIH y de la expansión de la epidemia en El Salvador.
Está demostrado, a través de numerosas investigaciones científicas y practicas basadas en evidencia en muchas partes del mundo, que el acceso y uso de medicamentos antirretrovirales para el VIH representan no sólo una opción para el abordaje en la atención y seguimiento de las personas positivas, son, además, una de las mejores estrategias para la prevención del virus a nivel individual y de la comunidad.
Algunos de estos estudios mencionan que las personas positivas al VIH que reciben tratamiento antirretroviral reducen en más de doce veces la posibilidad de pasar a una etapa de VIH avanzado o terminal de su infección. Otros estudios también demuestran que las personas que toman medicamentos antirretrovirales pueden reducir en un 96% el riesgo de trasmitir el virus a otras personas, lo que representaría porcentajes de seguridad mucho más elevados si estos se comparan con la aplicación de la vacuna del virus de la influenza la cual ofrece una protección del 30 al 40% para prevenir una gripe. Cuando se asegura un acceso completo al tratamiento antirretroviral, ayudamos no solamente a preservar la salud y vida de las personas con VIH, también ayudamos a que las comunidades reduzcan el riesgo de infección de sus habitantes.
Parecería que esta medida se ha tomado pensando únicamente en la necesidad de recortar debido la situación fiscal que afronta el Gobierno, pero sin medir las consecuencias de lo que implicaría una acción de este tipo, ya que aumentará el riesgo de elevar el número de nuevas infecciones por VIH en El Salvador, con lo cual el Estado en vez de alcanzar y lograr invertir menos en este rubro, tendría que aumentar significativamente en los próximos años el presupuesto necesario para dar respuesta a las nuevas personas infectadas, ya que se estaría provocando un ciclo vicioso de más infecciones, más inversión en tratamiento, más gasto en el manejo de complicaciones hospitalarias y secuelas de la infección, y menores posibilidades de inversión en otras áreas claves en la respuesta al VIH.
Con esta medida claramente perdemos en vez de ganar, perdemos en derechos humanos, perdemos en salud pública, perdemos en justicia social, y perdemos en el área económica. Perdemos prácticamente en todo.
De mantenerse esta medida la repercusión será muy grave. Si bien no somos un país con recursos ilimitados, no podemos permitirnos retroceder en áreas de la salud en las que se ha avanzado sistemáticamente, como ha sido la respuesta al VIH. El Gobierno tiene hoy una oportunidad valiosa de enmendar una mala decisión, de definir puntualmente de dónde, cuándo y cómo se obtendrán los recursos para compensar este recorte, y de demostrar que la promesa de su Programa de Gobierno de trabajar en la prevención de las enfermedades, garantizar los medicamentos como “derecho a la vida” y “ganar la batalla a las enfermedades crónicas” son compromisos serios y no sólo promesas electorales.
*Médico especialista en VIH-SIDA.